En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones No Autorizadas desde Centros de Privación de Libertad, la Comisión de Seguridad Integral recibió las observaciones de la Corte Nacional de Justicia y del Ministerio de Defensa.
El juez nacional Manuel Cabrera, delegado de la Corte Nacional, señaló la necesidad de ajustar la propuesta para garantizar el principio de legalidad penal y evitar interpretaciones ambiguas. Entre sus observaciones, planteó precisar el alcance de los responsables del delito, debido a que el término “servidor penitenciario” no cuenta con una definición clara en la normativa vigente.
También observó que el concepto de “telecomunicaciones no autorizadas”requiere mayor precisión, debido a la existencia de comunicaciones permitidas dentro de los centros penitenciarios, como las audiencias virtuales y el contacto con abogados.
Además, recomendó que la agravante por delitos cometidos mediante telecomunicaciones desde centros de privación de libertad se incorpore en el artículo 47 del COIP como una agravante general.
Respecto del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, Cabrera sugirió considerar los criterios establecidos por la Corte Constitucional sobre el conflicto armado interno y la aplicación del principio de proporcionalidad en las medidas de vigilancia y tratamiento de información.
Por su parte, el coronel Gustavo Herrera, representante del Ministerio de Defensa, destacó la necesidad de establecer un sistema de videovigilancia articulado que integre la seguridad ciudadana, la defensa nacional, la inteligencia, la ciberseguridad, la protección de datos y el debido proceso, con competencias claramente definidas.
Entre sus observaciones, señaló que la rectoría del sistema no debe concentrarse en una sola institución, debido a que la videovigilancia comprende ámbitos terrestres, marítimos, aéreos, fronterizos y estratégicos. En este sentido, planteó fortalecer la coordinación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Sistema Nacional de Inteligencia, el ECU 911, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los gobiernos autónomos descentralizados. Además, recomendó diferenciar los sistemas de seguridad ciudadana de aquellos vinculados con la defensa y la inteligencia.
Las observaciones presentadas serán analizadas por la mesa legislativa durante la elaboración del informe para primer debate.
