La Comisión de Seguridad Integral, en el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”, propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, recibió las observaciones de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP), Rafael Rodas, experto en Derecho Penal; y Felipe Castro, docente de la Universidad Católica del Ecuador.
El representante de ASOTEP, Bolívar Zúñiga, planteó que la normativa diferencie a las empresas formales de las estructuras criminales, a fin de evitar que operadores portuarios, logísticos, aduaneros, de transporte y comercio exterior sean responsabilizados penalmente sin que exista prueba de conocimiento efectivo, participación voluntaria o conducta dolosa. En este sentido, señaló que la responsabilidad penal por el uso de infraestructura portuaria debe configurarse únicamente cuando se demuestre que una empresa destinó conscientemente sus instalaciones para actividades ilícitas.
Además, solicitó fortalecer las garantías para gerentes, jefes de seguridad y demás directivos, aclarando que el ejercicio de un cargo no constituye, por sí solo, un indicio de vinculación con organizaciones criminales.
También propuso incorporar incentivos para la implementación de programas de cumplimiento y protocolos de seguridad empresarial como mecanismos de prevención y cooperación con el Estado, e invitó a la Comisión de Seguridad a realizar una visita técnica a las terminales portuarias para conocer los controles aplicados en la cadena logística del comercio exterior.
Por su parte, Rodas destacó la importancia de que las reformas mantengan coherencia con los principios constitucionales y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Señaló que los nuevos tipos penales deben cumplir con el principio de taxatividad, evitando disposiciones ambiguas que puedan generar interpretaciones discrecionales.
El experto indicó que el incremento de penas no constituye, por sí solo, una solución frente al crimen organizado y enfatizó que cualquier endurecimiento de sanciones debe respetar los principios de proporcionalidad, legalidad, presunción de inocencia y favorabilidad, con el fin de garantizar la solidez jurídica y constitucional de la normativa.
En tanto, Castro destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, SRI, UAFE y las superintendencias para compartir información y fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado.
Asimismo, planteó reforzar los controles sobre los denominados capitales corrosivos, mediante una mayor trazabilidad de inversiones y seguimiento al ingreso de recursos ilícitos a la economía formal. En materia de minería ilegal, recomendó ampliar los controles sobre beneficiarios finales de empresas vinculadas a actividades extractivas y fortalecer la vigilancia sobre insumos utilizados en estas operaciones.
Finalmente, Castro resaltó la necesidad de fortalecer las herramientas de la Fiscalía y establecer medidas de protección para jueces, fiscales y funcionarios que intervienen en investigaciones contra el crimen organizado.
De esta manera, el proyecto de ley impulsado por la presidenta Mancheno continúa receptando observaciones y aportes, bajo una visión orientada a debilitar a las estructuras criminales, proteger a la ciudadanía y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.
JC
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