Comisión de Relaciones Internacionales analiza el desplazamiento interno y sus efectos en la población

Viernes, 07 de agosto del 2026 - 17:14 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Comisión de Relaciones Internacionales recibió la información de Freddy Hernández, especialista en Manejo de Información y Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien presentó datos sobre la movilidad interna en Ecuador.

El especialista expuso los resultados de un estudio metodológico basado en una encuesta sobre desplazamiento interno, realizada entre septiembre y octubre de 2025, con una muestra de 5.040 personas.

Explicó que, a escala nacional, por cada 100 hombres que han vivido esta situación, 89 mujeres también han sido afectadas. Esta realidad se evidencia con mayor intensidad en las provincias de la Sierra Centro, Sierra Norte y la Amazonía.

Señaló que durante los últimos cuatro años los casos de desplazamiento interno han registrado un crecimiento sostenido, llegando a duplicarse en promedio cada año; además, precisó que seis de cada diez desplazamientos están relacionados con situaciones de conflicto o violencia.

Hernández detalló que Guayas, Manabí y Pichincha figuran entre las principales provincias de origen de personas desplazadas hacia otros territorios. En estas jurisdicciones, aproximadamente el 65 % de los casos corresponde a desplazamientos dentro de la misma provincia.

Añadió que cuando el desplazamiento es provocado por hechos de violencia, el retorno deja de ser la alternativa más frecuente y aumenta la posibilidad de que esta situación se prolongue en el tiempo.

La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, destacó que las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional tienen incidencia directa en la vida de los ciudadanos. En ese contexto, señaló que el análisis de esta reforma busca construir una normativa acorde con la realidad del país, fortalecer la prevención de delitos, mejorar la protección de las víctimas y brindar herramientas más efectivas al Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

AM

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