La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes 18 de agosto, durante el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, recibió a la asambleísta Camila León, en calidad de proponente, quien explicó los alcances y contenidos de la iniciativa.
Explicó que, en la actualidad, la Función Judicial enfrenta un fenómeno relacionado con la presencia de varios familiares que laboran en las mismas dependencias que la integran, en inobservancia de las prohibiciones e incompatibilidades derivadas de las relaciones familiares.
Asimismo, existen casos en los que, una vez contratadas determinadas personas, posteriormente ingresan familiares, configurándose así lo que el Código Orgánico de la Función Judicial denomina inhabilidades sobrevinientes, debido a que se originan después de las contrataciones iniciales.
Ante esta realidad, el proyecto propone medidas sustantivas y procedimientos que permitan a las autoridades competentes del Consejo de la Judicatura (CJ) sancionar con claridad las conductas descritas y brindar mayor seguridad jurídica a todos los actores involucrados. Indicó que la Corte Constitucional, mediante una sentencia de enero de 2022, señaló que los elementos del derecho a la seguridad jurídica son la confiabilidad, la certeza y la no arbitrariedad, principios que orientan esta reforma.
Para el efecto, plantea establecer, dentro de las inhabilidades previstas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial vigente, que las personas sancionadas por contratar personal con inhabilidades o incompatibilidades derivadas de relaciones familiares no puedan volver a trabajar en la Función Judicial.
En otro orden, la Comisión recibió a Byron Valarezo, delegado de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, quien expuso observaciones relacionadas con el eje VII del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, referente a la “gestión tecnológica, judicial y expediente electrónico”.
Al respecto, Valarezo indicó que, entre 2021 y mayo de 2026, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) existen más de 400.000 causas acumuladas en la administración de justicia, pese a que el expediente electrónico se estableció en 2013. Sin embargo, precisó que las estadísticas se registran con mayor precisión únicamente desde 2021.
Recordó que, en muchas ocasiones, se confunden la publicidad de las actuaciones de la Función Judicial, que constituye un principio constitucional, y el acceso a la información pública. No obstante, señaló que existe un límite para ambos principios: la protección de datos personales.
En este sentido, consideró importante que la reforma establezca normas claras que garanticen tanto la publicidad de los actos judiciales como la protección de los datos personales de las y los ciudadanos.
EG
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