La asambleísta Fabiola Sanmartín, representante de la provincia del Cañar, presentó dos iniciativas legislativas: el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas para la Búsqueda Urgente en Casos de Alto Riesgo y el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para Garantizar la Seguridad Jurídica, la Correcta Tipificación Penal y la Coherencia Normativa.
La primera propuesta incorpora la categoría operativa de “desaparición de alto riesgo”, para priorizar los casos en los que existan elementos objetivos que permitan presumir que la persona enfrenta un peligro grave o inminente, relacionado con privación de libertad, amenazas, extorsiones, delincuencia organizada o violencia. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, la activación de los mecanismos de búsqueda urgente será obligatoria e inmediata desde que se conozca el hecho.
La iniciativa también establece la actuación inmediata de la Policía Nacional, sin esperar un plazo determinado desde la denuncia ni condicionar la búsqueda a la identificación previa de un delito. Además, incorpora al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 como entidad operativa de apoyo, mediante el aprovechamiento de sus plataformas tecnológicas, herramientas de georreferenciación y sistemas de videovigilancia, sin crear nuevas estructuras administrativas.
En materia de coordinación interinstitucional, Sanmartín explicó que recoge observaciones de comités internacionales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec). Para ello, plantea establecer procedimientos urgentes de derivación e intercambio de información entre la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el ECU 911, con el propósito de evitar demoras en las investigaciones.
Reformas al Código Orgánico Integral Penal
El segundo proyecto busca reformar los artículos 189, 360 y 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para precisar la tipificación de ciertos delitos, corregir inconsistencias y fortalecer la seguridad jurídica. En el 189, sobre el robo, plantea diferenciar la sustracción de bienes mediante violencia o amenazas contra las personas de aquella cometida mediante fuerza en las cosas, con penas de cinco a siete años y de tres a cinco años, respectivamente. También establece sanciones específicas cuando se utilicen armas, sustancias que afecten a la víctima, se provoquen lesiones o se sustraigan bienes públicos. Si el robo ocasiona la muerte de una persona, propone una pena de 22 a 26 años.
Respecto al artículo 360, establece una pena de seis meses a un año para quienes tengan armas de fuego de uso civil sin autorización. Finalmente, en el artículo 47 plantea corregir la duplicidad del numeral 21 y renumerar las disposiciones siguientes, sin modificar su contenido.
Ambas iniciativas se enmarcan en el Objetivo Nacional de Desarrollo 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029, “Ecuador no se detiene”.
GO