El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al presentar 83 observaciones al proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público precisó que el cuerpo jurídico debe guardar coherencia con los principios constitucionales, en lo referente a que una República se debe gobernar de manera descentralizada, práctica que debe ser aplicada en la aprobación de los proyectos de ley, es decir, dejando a un lado el centralismo.Indicó que el Código Orgánico de Organización Territorial, que es analizado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, desarrolla el artículo primero de la Constitución que habla de la descentralización y todo lo referente al título cinco que determina el régimen autónomo descentralizado. Es ahí donde deben estar los principios esenciales, subrayó.
Bajo estos parámetros indicó que varios artículos del proyecto original contradicen disposiciones constitucionales, principalmente las relacionadas con la autonomía.
Si bien en la Constitución se determina que la educación es un servicio público, la remuneración salarial de los maestros no debe establecérsela en la Ley Orgánica de Servicio Público sino en su respectiva ley, opinó.
La Carta Política nos manda hacer un cuerpo legal que establezca con absoluta claridad remuneraciones justas de acuerdo con la profesionalización, el desempeño, los méritos académicos del servidor público, a la vez que señaló que la Ley de Educación debe determinar el régimen de remuneraciones de los profesores, sus sistemas de evaluación, desempeño y todo lo que significa robustecer un servicio tan importante como es la educación.
Fernando Cordero aseguró que la ley debe guardar coherencia con el primer artículo de la Constitución porque estamos en una República que tiene que ser gobernada en forma descentralizada. Hay que respetar los principios constitucionales relativos a la educación, a los gobiernos autónomos descentralizados y de acuerdo a ello, realizar los correctivos en la Ley Orgánica del Servicio Público, recalcó.
Igualmente dijo que la ley tiene un gran defecto, seguramente por su origen, ya que fue escrita por funcionarios de la Senres que tienen una concepción centralista de lo que significa la administración pública en el Ecuador, aspecto que no pasará en el cuerpo legal, por lo que exhortó a los miembros de la Comisión de Derechos de los Trabajadores a hacer los correctivos pertinentes en el informe para segundo debate, pues si bien ha hecho cambios importantes y radicales, es necesario dejar en claro el camino y la línea que regule el servicio público.
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