El Pleno de la Asamblea Nacional continuará mañana, a partir de las 09h30, la sesión 288, en la que retomará el debate del Código Orgánico General de Procesos que tiene como propósito modernizar el sistema procesal del país y dotar a los sistemas de justicia un instrumento normativo con procedimientos ágiles, a fin de cumplir las garantías procesales que constan en la Constitución y en varios instrumentos de carácter internacional.
En la sesión del jueves, los parlamentarios debatieron ampliamente los libros I y II del proyecto. El Libro I se refiere a las competencias: territorial, concurrente, excluyente, procesos por sucesión, atribuciones del tribunal, designación, juez ponente, causas de inhibición. El Libro II cambia los plazos procesales por términos procesales de modo que se contabilicen los días hábiles. Se incorpora un mecanismo que permita la evolución de la administración de justicia, por tanto se establece que existan expedientes físicos, electrónicos que tendrán la misma validez procesal.
El Libro III es una de las partes más ambiciosas del proyecto, porque constan las disposiciones que fomentan los principios de buena fe, lealtad procesal, a fin de evitar el litigio irresponsable. Se establece como innovación la obligatoriedad para que los jueces emitan sus resoluciones en audiencia, de modo que sea conocida inmediatamente y no se vea retrasado el proceso.
A decir del presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, el Libro IV es el más importante del proyecto ya que regula los procedimientos: ordinario, sumario, contencioso, administrativo, tributario, los procesos voluntarios y como una innovación el proceso monitorio que se utilizará para el cobro de deudas; y el Libro V se refiere a las fases de ejecución.
El código establece procedimientos ágiles, oportunos que permitan institucionalizar la oralidad, explicó.
Esta propuesta legal es de iniciativa del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia y tiene como fundamentos robustecer los debidos procesos, el respeto a los principios constitucionales de inmediación, transparencia, eficacia, celeridad, igualdad ante la ley, imparcialidad, uniformidad conforme lo determina la Constitución.
PV
