Este miércoles, en la sede legislativa, se puso en marcha el Foro Internacional: El nuevo Sistema Procesal en el Ecuador, organizado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
La asambleísta Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Legislatura y vocal de la Comisión de Justicia, mencionó que el nuevo Código Penal permitió dejar atrás una legislación obsoleta, de más de siete décadas, adaptando a nuestra realidad una serie de tipos penales que antes no existían.
El Código de Procesos (COGEP) implica una ruptura largamente esperada en el país, que pasa del esquema tradicional de procesos judiciales escritos al sistema oral, que es parte de los principios constitucionales destinados a fortalecer el ámbito judicial, garantizando celeridad y agilidad en el despacho de las causas, respetando, en todo momento, el derecho a la legítima defensa, sostuvo, al recodar que la oralidad ya se definió en la Constitución de 2008 pero no se llegó a concretar.
Entre tanto, el legislador Mauro Andino, titular de la Comisión de Justicia, aseguró que el COGEP comprende un sistema integral organizado para regular los procedimientos indispensables que requieren las partes, las que acuden en búsqueda de tutela judicial, al tiempo de explicar el contenido y alcances de cada uno de los cinco libros de la propuesta.
Bajo el concepto que el ejercicio de la legislatura es parte de la democracia, Andino Reinoso invitó a los abogados, jueces, funcionarios de la administración de justicia y a la ciudadanía a apoyar el trabajo del organismo legislativo y, lo que es más, presentar observaciones, comentarios y textos alternativos, a fin de construir un código que coadyuve al mejoramiento del sistema judicial.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, resaltó que la oralidad es la columna vertebral del proyecto de Código Orgánico General de Procesos, pero no como una metodología de tramitación de procesos, sino fundamentalmente como una garantía y derecho ciudadano de acceder a juicios públicos orales expeditos, en audiencia pública, en la que el juez provea, sentencia y administre justicia.
Expresó que confía que la normativa entre a regir el próximo año, considerando que junto con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) posibilitarán la renovación y modernización de todo el sistema procesal penal.
La propuesta también promueve la conciliación y mediación para la solución rápida y efectiva de conflictos legales, para, así, afianzar la cultura del diálogo. Además busca reducir a siete u ocho meses el trámite y resolución de juicios que en la actualidad duran cinco o más años, precisó.
Tras reiterar la tarea histórica de la Asamblea respecto a la temática, dijo que se ha entendido la prioridad nacional que tiene este código de afianzar principios constitucionales relativos a la celeridad, economía procesal, inmediación, a la buena fe procesal en los litigios que llegan a la Función Judicial.
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