En la jornada de trabajo convocada por la vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Gina Godoy Andrade, legisladores de varias provincias del país firmaron acuerdos de compromiso para evaluar y dar seguimiento a la implementación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el tema de violencia intrafamiliar.
Con la participación de asambleístas, asesores y sociedad civil se realizó una jornada de trabajo en la que Gina Godoy detalló el trabajo realizado con funcionarios de la Judicatura, jueces, juezas, organizaciones de mujeres y sociedad civil, con la intención de conocer, evaluar y analizar la implementación del COIP en el tema de violencia intrafamiliar.
La asambleísta advirtió que más allá de la norma se identifica que existe un problema de concepción social sobre la violencia y se evidencian dificultades en los procesos, a la vez que recordó que ha venido desarrollando este tipo de encuentros durante varios meses, en los que ha obtenido información altamente satisfactoria para lograr disminuir los obstáculos burocráticos que impiden el cumplimiento cabal del Código.
Con la intención que estas actividades se repliquen en las distintas provincias y se pueda recabar la mayor cantidad de información posible que beneficie la implementación del COIP, la legisladora compartió su experiencia metodológica y pidió a los asambleístas su compromiso para realizar estos eventos en sus provincias.
Informó que legisladores de Esmeraldas, Manabí, Azuay, Guayas, Chimborazo, Zamora Chinchipe, Napo, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos se comprometieron a buscar la información a través de la programación de reuniones con jueces y juezas especializadas, defensores públicos y sociedad civil para evaluar la implementación del COIP en tres trámites: Contravencional (contravención de violencia intrafamiliar física), ordinario (delitos) y flagrancia (delitos y contravención cometidos en un mismo instante).
“Este método busca conocer el tratamiento que reciben las víctimas el momento de poner la denuncia, cuando solicitan medidas de protección, tienen asistencia de la Defensoría Pública, cuando acuden a las audiencias y cuando se realizan peritajes”, explicó Gina Godoy.
Durante las intervenciones que fueron de apoyo a la iniciativa, se expresó la preocupación por la violencia de la que son víctimas sobre todo las niñas y la necesidad de que existan casas de acogida. Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, sugirió que se realice un encuentro entre asambleístas, sociedad civil y juezas de violencia en varias provincias del país.
