En la sesión No. 297 el Pleno tratará hoy en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de conformidad con la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira Burbano.
El debate se realizará sobre la base del informe la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, en el que se destaca que el proyecto busca desarrollar el régimen general de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado.
De esta manera, se pretende actualizar la Ley Especial de Telecomunicaciones expedida el 10 de agosto de 1992, dando paso a una nueva institucionalidad de regulación del espectro radioeléctrico.
Entre los aspectos de mayor importancia que contiene el proyecto se regula en forma amplia los derechos y obligaciones de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de los prestadores de servicios.
Los principales derechos de los usuarios van ligados a disponer servicios de telecomunicaciones de calidad, a elegirlos con libertad, al secreto de las comunicaciones, privacidad de sus datos personales, a contar con información veraz, disponer gratuitamente de llamadas a servicios de emergencia, a disponer de servicios de información de planes, tarifas, precios, saldos; facturación exacta y oportuna, el no redondeo de tarifas, el derecho de acumular saldos, a la vigencia ilimitada del saldo de las recargas, a la prelación de uso de saldos; a no ser obligados a contratar lo que no desea (ventas atadas), la atención oportuna de reclamos; al derecho a conservar el número (portabilidad); acceder a cualquier servicio o aplicación en internet; al derecho a la terminación unilateral del contrato; a no recibir mensajes masivos o publicitarios.
Se determinan las formas de gestión, es decir, de prestación de servicios, para lo cual se establece que se lo hará a través de las empresas públicas de servicios de telecomunicaciones, de empresas mixtas y en los casos de delegación, por la iniciativa privada o la economía popular y solidaria.
En cuanto al régimen sancionatorio entre otros, se garantiza el cumplimiento del debido proceso y propone un esquema de multas en proporción a los ingresos del infractor, de manera que la sanción pueda ser justa.
