Bajo el concepto de que solo conociendo las leyes, la comunidad puede reclamar los derechos que le asiste, la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad realizó VIII jornada de socialización sobre los alcances, contenido y beneficios de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.
El acto se cumplió en la Asociación de Médicos (ASOMED) de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Estuvieron presentes representantes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas del Ecuador, de la Unidad Educativa Jacques Cousteau, del Colectivo GLBTI, Brigadas, compañía Ejetrantaxi, Comuna las Mercedes, Pre Comité Emanuel, Red Mujeres, Foro de la Mujer, de los pueblos Tsáchila y Afro, de la Defensoría del Pueblo, de la Corte Provincial de Justicia, del ECU 911, de la Secretaria de Discapacidades, del Consejo de Participación Ciudadana, del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, de organizaciones barriales, parroquiales, de jóvenes, de las direcciones distritales de los ministerios, entre otros.
Sociedad inclusiva
Mary Verduga destacó el trabajo del Estado ecuatoriano para eliminar la desigualdad y la exclusión, que permitirá avanzar en la consolidación de una cultura de igualdad y no discriminación, que respete absolutamente al ser humano, acorde a las normas constitucionales y los instrumentos internacionales, al presentar datos y cifras respecto de algún tipo de violencia que han sufrido los grupos vulnerables.
Los Consejos para la Igualdad participarán en la evaluación y seguimiento de las políticas públicas, bajo el lineamiento de que somos un país plurinacional e intercultural, con marcadas y ricas diversidades culturales, dijo.
Entre tanto, la asambleísta Zobeida Gudiño, presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, explicó que los artículos 156 y 157, así como la transitoria sexta de la Constitución definen la creación de los Consejos Nacional para la Igualdad, los que se conformarán de manera paritaria y asegurarán el ejercicio pleno de derechos para los sectores marginados e incivilizados permanentemente.
Estos organismos constituyen la gran oportunidad histórica para que la sociedad civil, desde su propia realidad, participe activamente en la formulación de las políticas públicas y las agendas de igualdad, que afiancen el Buen Vivir, enfatizó, al convocar al Defensor del Pueblo a preparar la Ley del Sistema Nacional de Protección de Derechos.
Jhon Antón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, habló que por muchos años ha imperado en la sociedad la “ideología de blanquedad”, que fomentó el racismo; hay una relación directa entre capital y racismo, por lo que es clave romper esas relaciones de poder. El desafió de los consejos es promover una ciudadanía con igualdad de derechos y oportunidades, sostuvo.
La asambleísta Noralma Zambrano mencionó que el Estado asumió la responsabilidad de construir el Buen Vivir, en el marco de los derechos de inclusión tanto de los derechos individuales como colectivos de la igualdad, de la equidad, tras resaltar la importancia de las agendas nacionales de igualdad para atender las inquietudes de las mujeres y de género, de la población con discapacidad, de la movilidad humana, intergeneracional, para transnversalizar las políticas públicas en los territorios.
Por último, Mónica Martínez, del Consejo Nacional para la Igualdad, indicó que seis de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia física, sicológica, patrimonial y sexual.
En Santo Domingo el porcentaje bordea el 59.5%, de ello, el 71.4% de mujeres separadas sufre violencia de género; las casadas o unidas, 49%; y, las solteras, 26%. Si persiste la violencia se pone en riesgo el principio del Buen Vivir, agregó.
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