La Comisión de Justicia y Estructura, presidida por el asambleísta Mauro Andino, avanza con el estudio y construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico General de Procesos.
Al respecto, el asambleísta Miguel Ángel Moreta, integrante del organismo parlamentario, consideró que luego de la Constitución, el proyecto de Código Orgánico General de Procesos es una de las leyes más trascendentales para el país, que contribuirá a la seguridad jurídica y a la seguridad ciudadana.
Dijo que se siente coautor de la propuesta, al enfatizar que más allá de las ideologías políticas hay que aunar esfuerzos para sacar una herramienta que responda al interés nacional y que, fundamentalmente, sirva a la ciudadanía.
Manifestó que se busca simplificar a cinco los trámites existentes, que bordean los 80 que se hallan dispersos en algunos cuerpos legales y el propio Código de Procedimiento Civil vigente, para que queden simplemente en temas sumarios, monitorios, ejecutivos, ordinarios y de jurisdicción voluntaria.
La propuesta abarca aspectos civiles, mercantiles, laborales, inquilinato, contencioso administrativo, contencioso tributario y laboral, mencionó, al indicar que le ha pedido al presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, que por la complejidad de la materia se defina el informe para segundo debate hasta la primera quincena de enero y que entre al Pleno a finales del mismo mes.
En una especie de trabajo de cirujano se ha revisado las múltiples reformas a implementar y las que se derogarán. Hay que darle a la gente la certeza de que si va a demandar, su trámite será rápido, imparcial, justo y que tendrá una resolución pronta.
Sostuvo que el nuevo Código de Procesos garantizará celeridad y eficacia en los juicios; una justicia imparcial, expedita; que se aplique el principio de inmediación; que se efectivice el artículo 169 de la Constitución que dice que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia.
No queremos que se sigan dictando sentencias infundadas o juicios impugnados, permanentemente, que demoran 8, 10 y hasta 20 años, sino que en un año estén resueltas todas las instancias. Queremos consolidar una justicia basada en la verdad, en la lealtad procesal y en la equidad, cuyo fin debe perseguir este código, para beneficio de la ciudadanía, puntualizó el representante de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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