De conformidad con la convocatoria efectuada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a partir de las 09h30 se iniciará el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que tiene como propósito desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos.
Según el informe preparado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, entre las observaciones más relevantes realizadas en el primer debate en el Pleno, fue la relacionada con el Acuerdo Comercial que se encuentra en proceso de negociación entre el Ecuador con la Unión Europea; para conocer la incidencia que podría tener la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones con dicho acuerdo.
La norma propone crear la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, adscrita técnicamente al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
Según el informe las empresas de este sector empezarán a pagar un monto trimestral al Estado, en caso de que alcancen o sobrepasen el 30% de participación en el mercado.
El artículo 34 de este cuerpo legal prevé una tabla de pagos “con el fin de evitar distorsiones en el mercado de telecomunicaciones y promover la competencia”.
Los prestadores privados que concentren mercado en función del número de abonados o clientes pagarían al Estado, trimestralmente, un porcentaje de sus ingresos totales.
La propuesta deroga la Ley Especial de Telecomunicaciones y todas sus reformas y el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones; la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, así como las disposiciones contenidas en reglamentos, ordenanzas y demás normas que se opongan a la presente ley.
Prevé que los servidores y trabajadores que prestan servicios en la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, pasen a formar parte de la nómina de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conservando sus derechos de conformidad con la ley.
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