La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley General de Servicios Postales que tiene por objetivo regular, controlar y gestionar los servicios postales, garantizando el derecho de los usuarios a la prestación eficiente, oportuna y segura de estos servicios, de tal manera que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país. Se considera a los servicios postales como un servicio público, parte de los sectores estratégicos.
El presidente de este organismo legislativo, Richard Calderón, recordó que los Servicios Postales en el Ecuador, al igual que en el entorno mundial, han evolucionado a gran escala, por lo tanto, existe la necesidad de emitir una Ley General de los Servicios Postales, ya que la normativa vigente está desactualizada, es insuficiente y tiene vacíos legales que no permiten atender de manera adecuada las necesidades de los usuarios.
Además, constituyen un servicio público, de carácter universal, que integra procesos logísticos y fortalecen la economía del país; involucra una dinámica que integra varios actores como son, los remitentes y los destinatarios, que se convierten en los usuarios; y, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que brindan los servicios postales básicos y los no básicos al permitir que se trasladen objetos o correspondencia de un lugar a otro de manera segura y eficiente.
Agregó que los Servicios Postales permiten mantener comunicadas a todas las personas y a la vez acortan las distancias geográficas, ya que contribuyen la cohesión y el bienestar social, así como promueven la generación de la riqueza en el país.
El proyecto determina que al Ministerio rector del sector postal le corresponde establecer políticas, directrices y planes aplicables, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su reglamento.
El órgano rector en el ámbito de los servicios postales tiene las siguientes competencias: iniciar de oficio o a petición de parte los expedientes administrativos a los operadores postales, públicos o privados, así como sustanciarlos y resolverlos, por el incumplimiento o violación de las disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento y demás normativa que le atribuya potestades de control a la referida Institución.
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