Funcionarios del Consejo de la Judicatura y juezas de Pichincha acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, con la finalidad de explicar las razones por las cuales la administración de justicia en materia de contravenciones de tránsito está represada, información que servirá de base para elaborar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.Elizabeth Cedeño, asesora de Planificación del Consejo de la Judicatura, explicó que los policías de tránsito no entregan el original del parte policial que emiten por contravenciones a los juzgados lo cual impide iniciar las acciones legales correspondientes, pues se limitan a remitir una copia escaneada a través del sistema AXIS, lo cual no constituye prueba plena de la comisión del delito y si se actúa sobre la base de esta información daría lugar a que los supuestos responsables interpongan juicios en contra de los jueces.
Informó que existen 39 juzgados de tránsito a nivel nacional. En Pichincha, en el 2009 ingresaron 112. 087 contravenciones, de las cuales únicamente se resolvieron 19.556; en Azuay 10.207 de las cuales se sancionaron 1.808, debido a que no existe constancia de los delitos de tránsito para iniciar las acciones penales; mientras que en Guayas ingresaron 3.806, resolviéndose 2.222, esto debido a que los infractores en el plazo de tres días no impugnaron el parte lo que permite que la multa se cobre el momento de matricular el vehículo o renovar la licencia, aseguró.
De su lado, la jueza de Quito Leidy Ávila, señaló que en un día se despachan alrededor de 70 contravenciones, pero dejando a un lado su labor fundamental que es la administración de justicia. Para lograr este objetivo utilizan al personal que está a su cargo como es el secretario y el ayudante. En este marco propusieron que se reformen la Ley de Tránsito para dar agilidad a esta problemática.
Entre tanto, Gustavo Páez, asesor del Presidente de la Judicatura, recomendó a la Comisión que en las ciudades más pobladas se provea de por lo menos seis personas para ayudar a los jueces, mientras que en las pequeñas se mantenga tal como está, es decir: el juez, el secretario y el ayudante, esto permitirá, en cierta forma tramitar las contravenciones y dedicarse a administrar justicia en todos los ámbitos.
Sobre la base de estudios, Páez presentó una propuesta para que la Comisión pueda estudiarla y de ser el caso incluirla en las reformas para segundo debate, por lo que pidió que solo las contravenciones impugnadas se remitan al juez competente; las no impugnadas, en el término que expresa la Ley, automáticamente sean ejecutadas, a fin de evitar que se represen.
Sugirió que la impugnación se presente ante la misma entidad de tránsito y ésta remita máximo en 24 horas a la oficina de sorteo para que se radique la competencia de ser el caso. Cree que se deben crear los juzgados de contravenciones, pues no comparten la idea de facultar a los comisarios, ya que no están capacitados para juzgar y el tema debe ser resuelto por profesionales del derecho.
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