En la sesión 323 del Pleno, legisladores de distintos tendencias políticas dieron sus aportes al proyecto de Ley de Régimen Especial de Galápagos. Los temas de mayor debate se orientaron a los permisos turísticos y de operación, la necesidad de proteger las 200 millas del Archipiélago, el desarrollo sustentable con el ambiente, multas y sanciones, la conformación del Consejo de Gobierno, la conservación del Patrimonio Natural, entre otros aspectos.
Luego de 11 intervenciones, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, suspendió la sesión para reinstalarla a las 14:45.
En el debate, el asambleísta William Garzón subrayó que en la normativa se debe clarificar la clase de contrato de trabajo y el marco legal aplicable para los residentes temporales, ya que el mismo no puede ser tomado como un contrato de tiempo indefinido, especificar las causales de terminación de permisos de operación. En cuanto a los permisos turísticos, pidió incluir a las asociaciones, capital de sociedades y otras de naturaleza similar.
De su lado, René Yandún recordó que para preparar el informe para segundo debate, la Comisión se trasladó a la provincia para recopilar la información necesaria para este objetivo, de allí que a través del texto se busca la sustentabilidad y sostenibilidad de la provincia. Indicó que en el Directorio se debe tomar en cuenta a un representante del Ministerio de Defensa para tratar temas de seguridad, tras subrayar que se debe proteger las 200 millas del Archipiélago.
Entre tanto, Gastón Gagliardo propuso afianzar el concepto de turismo sustentable con el ambiente, que se debe clarificar el significado de zona marina sensible y limitar que el Consejo decida que cruceros descarguen multitud de personas, lo cual afectaría al frágil ecosistema que tiene las Islas Galápagos, mientras Verónica Guevara enfatizó que el Archipiélago de Galápagos tiene condiciones especiales y únicas, por ello, la normativa se orienta hacia la conservación de la provincia, define el régimen institucional, las categorías migratorias y la operación turística.
El legislador Patricio Donoso sugirió que el Consejo de Gobierno cuente con un técnico local, que se mantenga la gestión de la Junta de Manejo Participativo de Recursos Marítimos y que se añada otra causal para el retiro de permiso de operaciones turísticas.
Mientras, el parlamentario Nelson Serrano dijo que está bien la capacitación para que los habitantes que viven o están por un tiempo corto en Galápagos respeten el ambiente y la conservación de esta extraordinaria herencia biológica que Ecuador tiene, pues los ciudadanos deben saber que hay reglas que se deben respetar, so pena de sanciones en caso de incumplimiento.
La legisladora Fanny Uribe manifestó que participó de las reuniones de trabajo en la Comisión, pero que, lamentablemente, algunas de sus propuestas no fueron acogidas. Dijo que el Consejo de Gobierno debe tener jurisdicción en toda la provincia, en área protegidos y pobladas.
Para José Moncayo, no debería haber límite de tiempo para científicos que hacen programas de investigación.
Entre tanto, el legislador Fausto Terán resaltó que en el Consejo de Gobierno estarán técnicos especializados, al destacar que en la normativa se recogen observaciones de artesanos, pescadores, operadoras turísticas. Pamela Falconí, en cambio, indicó que es clave un equilibrio óptimo de la provincia que permita un control de los ámbitos centralistas, al pedir se revisen algunos artículos que establecen que Galápagos es una provincia aislada, cuyo fin es el turismo, para que se la vea como centro de investigación científica.
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