El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, asambleísta Richard Calderón, informó que oportunamente los miembros del organismo estuvieron en dos ocasiones en la región insular, a fin de conversar con los diferentes actores públicos, privados, representantes de la sociedad civil y fundamentalmente con los habitantes, por tanto, el proyecto de Ley Galápagos responde a una construcción participativa y responsable.
Además, continuó, se recibió, en comisión general a las autoridades de los gobiernos autónomos y a los representantes del Ejecutivo. Esto nos permite hoy, después de mucho tiempo de espera, hablar de una normativa que garantice el Buen Vivir, es decir, mejoramiento de la calidad de vida de la población y también de un cuidado de esa importante área protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad, subrayó.
Manifestó que la propia Constitución determina que el caso Galápagos se trata de un régimen especial, pero esto no implica que se pretenda establecer un Estado dentro de otro Estado, pues se definen limitaciones al trabajo, a la migración, a ciertas actividades, siempre en el marco de lo que significa el respeto a las leyes, a la normativa del país.
Argumentó que el ecosistema es muy sensible, por tanto, no se puede desarrollar libremente, si vale el término, cualquier actividad, ya que se estaría afectando este patrimonio natural, pero, a cambio de esto, existen derechos preferentes para los habitantes de las islas.
Dijo que es pertinente la preocupación sobre el crecimiento poblacional, que pondría en riesgo los límites y sostenibilidad ambiental de las islas, ante lo que se fijan cuatro categorías migratorias: los residentes permanentes; los residentes temporales, que únicamente pueden estar allí mientras dure su trabajo, por ejemplo; los turistas y los transeúntes, todos con tiempos limitados, a excepción de los residentes permanentes.
A más de ciertas limitaciones para los turistas, hay para autorizaciones de construcciones de hoteles, que tendrán que basarse en un estudio de la capacidad que tienen las islas y de los límites ambientales; el consejo de gobierno regulará los permisos y los ingresos en razón del crecimiento, así mismo las actividades artesanales, productivas y las inversiones tienen el control debido, sostuvo.
El aspecto ambiente es uno de los ejes fundamentales de esta ley, para lo cual se conforma el Consejo de Gobierno, donde están representados varios ministerios, incluido el del Ambiente, los gobiernos autónomos descentralizados tanto municipales como las juntas parroquiales, puntualizó.
Richard Calderón explicó, además, que se desechó la propuesta que los cruceros ingresen a los puertos y poblaciones, por determinadas horas, considerando la necesidad de regular el turismo ordinario y que las localidades no cuentan con la suficiente infraestructura sanitaria para recibir a 500 personas que son parte de dichas embarcaciones.
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