Un amplio debate se generó en el Pleno de la Asamblea Nacional en torno al proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que busca fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural y su relación con cualquier otra que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen eficazmente, para el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio.
Miguel Carvajal precisó que la normativa es necesaria, pero que prima un enfoque urbano en lo que tiene que ver con los asentamientos urbanos, pero que conviene relacionar las condiciones de los espacios rurales para no restringir las áreas de producción agrícola. En cuanto a la vivienda dijo que debe ser de interés social tomando en cuenta las condiciones de vida de los niveles más pobres del país donde se debe dotar de servicios públicos, a la vez que manifestó que en la propuesta legal no se considera el tema de las regulaciones escénicas frente al mar.
El legislador César Umaginga dijo que se debe respetar las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, conforme lo determina la Constitución, y que ejercer el control sobre el uso y gestión del suelo es una competencia de los municipios.
Por su parte la legisladora Blanca Argüello preciso que a costa de la urbanización se pretende perjudicar el suelo rural, cuando más bien hay que protegerlo tomando en cuenta que la tierra es el elemento fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. Luis Fernando Torres manifestó que la Constitución establece con claridad las competencias de los diferentes niveles de gobierno mismas que son concurrentes. No está de acuerdo que se cree una superintendencia con muchos poderes.
Verónica Guevara indicó que la falta de planificación, los constantes asentamientos irregulares, el irrespeto a las normativas, la irregularidad en la toma de decisiones por parte de algunos gobiernos autónomos descentralizados llevó a establecer un marco jurídico que unifique principios y permita el ordenamiento de los gobiernos autónomos, así como determinar mecanismos y herramientas de planificación.
El parlamentario Henry Cucalón precisó que la propuesta es centralista y atenta contra la norma constitucional sobre uso y gestión del suelo por parte de los gobiernos autónomos descentralizados.
Por su parte, el asambleísta Virgilio Hernández dijo que esta norma es de trascendental importancia, porque busca regular el derecho de los ciudadanos a la ciudad, a una vivienda digna y muchas veces ese derecho ha sido conculcado por la especulación del suelo. Al referirse a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados expresó que en la Constitución y el COOTAD se determina con claridad lo que es esta figura.
Patricio Donoso manifestó que el uso y control del suelo es competencia exclusiva de los municipios y así se pronunció el pueblo en las urnas. En estos 15 años se han hecho enormes esfuerzos para que la descentralización y las autonomías municipales funcionen.
Mientras que la legisladora Paola Pabón subrayó que los ecuatorianos queremos ciudades donde se pueda vivir. Ciertos alcaldes no quieren tratar el tema de los asentamientos irregulares porque no da votos. En cuanto a la autonomía, sostuvo que no se quiere meter la mano en las competencias de los gobiernos municipales.
La primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, a cargo de la conducción de la sesión 327, suspendió el debate de este tema para reinstalarlo a partir de las 14:30.
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