El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, al explicar los alcances del informe sobre la objeción al proyecto de Ley de Régimen Especial de Galápagos, resaltó que no afectan los conceptos básicos y el espíritu del articulado.
Indicó que en función de lo que determina la Constitución del Ecuador, se mantienen en el desarrollo de la ley varias acciones afirmativas en torno a la preferencia para los residentes permanentes en las islas, como por ejemplo mayores porcentajes en los concursos de méritos y oposición; también preferencia en el sector privado en función de las bolsas de empleo; preferencias para obtener los permisos de operación turísticas; preferencias para realizar las actividades de pesca; y, en general para las inversiones en todas las actividades productivas.
Además, en la disposición general segunda se determinan tarifas reducidas de al menos el 50% para los residentes en Galápagos, con 20 cupos en las aerolíneas, como dispone la Constitución que busca ese equilibrio entre el desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el cuidado del ambiente, es por eso que en todo un título se garantiza la protección del ecosistema que es sensible y patrimonio de la humanidad, enfatizó.
Se confía y se amplía la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en los recursos provenientes por los ingresos de la tasa que se cobra para ingresar a los parques; se garantiza la bioseguridad e incluso tablas preferenciales para gastos personales para el cálculo del Impuesto a la Renta.
Sobre los temas de fondo, señaló que si bien se elimina la prohibición para sociedades sin fines de lucro que puedan realizar la comercialización de artesanía y souvenir en las islas, se mantiene que el Consejo de Gobierno pueda determinar políticas para incentivar la artesanía local y la creación de un sello distintivo de Galápagos para garantizar un producto de calidad.
Remuneraciones
Sobre la objeción a la disposición general cuarta y a la disposición reformatoria segunda, que tiene que ver con el tema de las remuneraciones hizo referencia a que la normativa vigente determina para los empleados públicos el doble, es decir un 100% de incremento y para los privados un 75%, existiendo una inequidad entre los dos sectores, y lo que se busca con el veto es que el incremento esté apegado a la realidad, sea técnicamente calculado en función del índice de precios al consumidor en la provincia de Galápagos con respecto al continente, es decir calcular en base a una metodología por parte del INEC y que no sea una cifra al azar, de modo que los hogares de Galápagos no pierdan el poder adquisitivo.
Es decir, que para las remuneraciones del sector público, al igual que para la insularidad se pagaran con un incremento que se calculará multiplicando el índice de precios anual al consumidor con respecto a los precios del Ecuador continental.
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