Los asambleístas Cléver García, Magaly Orellana, Gerónimo Yantalema, Diana Atamit, Lourdes Tibán (PK), presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que tiene por objetivo articular la política petrolera al modelo de desarrollo establecido en la Constitución de la República vigente.Magaly Orellana indicó que Ecuador es un país marginal en el mercado mundial de los hidrocarburos, sus reservas apenas representan doce meses del consumo del planeta, al tiempo que recordó que en la década del setenta, el país contaba con más de ocho mil millones de barriles de reservas probadas; cuarenta años después, las reservas remanentes de crudo comercialmente explotables se redujeron a 3 400 millones de barriles, incluyendo el ITT.
Sostuvo que las reservas probadas de crudos pesados, de los bloques y campos actualmente operados por las compañías extranjeras, a través de contratos de participación y prestación de servicios, a junio de 2010, están en el orden de 270 millones de barriles, mismas que se agotarían en tres años, con un promedio de extracción de 87 millones de barriles anuales.
Añadió que en la normativa se establece que las empresas que suscriban los contratos de exploración y explotación, al aprobarse el plan de desarrollo, rendirán una garantía ambiental correspondiente al 30% del valor de las reservas probadas y comercialmente explotables, la cual será ejecutada si la compañía incumple con la reparación total de los impactos ambientales causados en las áreas de influencia y al concluir su relación contractual. Además, plantea prohibir las prácticas o acciones que propendan al desabastecimiento deliberado del mercado interno de hidrocarburos.
Se crea la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente (SHMA), como el organismo técnico – administrativo autónomo e independiente del Ministerio del Ramo, que controlará y fiscalizará las operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante la contratación de profesionales, firmas o empresas nacionales o extranjeras especializadas.
Según la propuesta, el Estado explorará y explotará los yacimientos señalados en forma directa a través de la Empresa Pública Petroecuador; garantizará la participación del capital privado, nacional o extranjero, para el desarrollo de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, para lo cual Petroecuador podrá constituir empresas de Economía Mixta, en las cuales el Estado tendrá la mayoría de acciones. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán constituir empresas públicas para la prestación de servicios específicos en cualquiera de las fases de la industria hidrocarburífera.
Precisó que conforme establece el artículo 317 de la Constitución el Estado se recibirá mensualmente una regalía no inferior al treinta por ciento sobre la producción bruta de petróleo crudo medida en los tanques de almacenamiento de los centros de recolección, después de separar el agua y materias extrañas. Además, conforme a lo dispuesto en el Art. 274 de la Constitución de la República, el Estado destinará el 15% de estas regalías, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuyo territorio se exploten o se industrialicen recursos naturales no renovables, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y el control estará a cargo de la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente.”
RSA/eg
