En el marco del diálogo ciudadano que promueve la Asamblea, hoy, la Comisión de Justicia inició un proceso de evaluación del primer año de vigencia y aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General, Ministerio de Justicia y de la Defensoría Pública informaron sobre la gestión en el manejo de la normativa.
La mayor preocupación de asambleístas y funcionarios del Estado fue la situación del microtráfico en el país.
El asambleísta Mauro Andino, presidente de la comisión, habló que es fundamental saber qué ha ocurrido durante el primer año de vigencia del código que entró en vigor en agosto del año pasado; conocer la actuación de los operadores de justicia, determinar posibles deficiencias, etc.
Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, resaltó, entre otras cosas, que 29.923 servidores judiciales, entre ellos policías y administrativos han sido capacitados; implementado 50.343 casilleros electrónicos; realizaron nueve millones de notificaciones electrónicas; existen 12 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras el promedio en Latinoamérica es de 11 por cada 100 mil habitantes.
En 2014 las audiencias fallidas bajaron al 4% y la idea es disminuir ese porcentaje en el presente año; las resoluciones sobre delitos flagrantes se dan en 25 días y antes demoraba 191 días, sostuvo.
Propuso reformar el COIP para establecer la sanción de prisión preventiva para los responsables directos del negocio del microtráfico, lo que no significa, de manera alguna, criminalizar el consumo, además que se considere a la violencia psicológica como una contravención que permita una atención integral del problema, inmediato, con procedimiento expedito y equipos técnicos, incluso agravando la pena.
Fiscalización seria
Entre tanto, la asambleísta Marcela Aguiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, mencionó que éste es un acto democrático de fiscalizar el cumplimiento de las normas legales formuladas en el Parlamento, al tiempo de acompañar en el ejercicio de que la norma sea eficaz y responda a las realidades de la sociedad.
Al explicar que hace pocos días se modificó la tabla, señaló que la propuesta de prisión preventiva para la mínima escala merece una reflexión profunda, ya que ello englobaría cambios significativos a los artículos 534 y 630 del Código Penal relativos a los delitos sujetos a caución, la suspensión condicional de la pena y la sentencia para este tipo de casos.
Nuestro compromiso es cero tolerancia al consumo y tráfico de drogas, pero no queremos llenar las cárceles de consumidores, viendo el tema desde el enfoque de un problema de salud pública, sino que tras las rejas estén los que hacen ese veneno, que intoxican a los jóvenes y roban las ilusiones a los padres y la familia, enfatizó.
El parlamentario Miguel Moreta alertó que el microtráfico se ha tomado muchos centros escolares, donde incluso ciertos elementos, con armamento, amenazan a directores de los planteles si pretenden denunciarlos.
La ministra Ledy Zúñiga comentó que el 80% de los jóvenes infractores responde a problemas de adicción. Urge mano dura en torno al uso de la tabla, pues algunos se han disfrazado de consumidores para hacer daño a la juventud con la venta indiscriminada de estupefacientes.
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