La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, aprobó dos informes, mediante los cuales determinó la identidad de los exdiputados que votaron por la cesación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, en el año 2004.
De esta forma, el organismo legislativo responde a la inquietud del Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la sentencia formulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Quintana Coello y otros vs. Ecuador, que obligó al Estado al pago de indemnizaciones por violación de derechos a los citados jueces y magistrados.
El informe pasará a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, con cuya decisión la presidenta Gabriela Rivadeneira, en unión de esfuerzos con el Procurador del Estado, podrá presentar la demanda, conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que permite ejercer el principio constitucional de derecho de repetición, según explicó la legisladora Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia.
Dijo que esta es una resolución trascendental para los intereses del país, más aún cuando la Corte Interamericana dispuso al Estado el pago de aproximadamente 15 millones de dólares a favor de los afectados, de los cuales se ha cancelado más de ocho millones. Con la aplicación del derecho de repetición los exdiputados asumirán dichos pagos, montos que serán fijados por la justicia para cada uno de ellos y así se recuperarán dineros del erario nacional, agregó.
Recordó que la nefasta y antidemocrática resolución No. R-25-181, de 8 de diciembre de 2004, se aprobó en la sesión matutina ordinaria permanente del IV Período Extraordinario de sesión del Congreso Nacional, convocado por el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez.
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