Mauro Andino, ponente del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, sobre la cesación de los miembros del Tribinal Constitucional, recordó que el 4 de noviembre de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado ecuatoriano la sentencia expedida por este organismo.
El parlamentario precisó que en el análisis e investigación se determinó que los exdiputados no actuaron en el marco de sus competencias y funciones, por lo que no pueden alegar lo previsto en el artículo 137 de la Constitución de 1998 que determina que los diputados no serán civil ni penalmente responsables por lo votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.
Recalcó que no se trata de un afán de revanchismo o persecución política, pues ejercer el derecho de repetición es una obligación prevista en la Constitución.
Subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano, como medida de reparación, el pago de 2’222.822 dólares. 60.000 dólares para cada una de las víctimas, es decir, 480.000 como restitución.1’695.822,28 como indemnización por daño inmaterial; 5.000,00 para cada víctima como indemnización por daño inmaterial; 7.000 por concepto de costas y gastos.
Recordó que el Procurador General del Estado solicitó a la Presidenta de la Asamblea Nacional realice la investigación para determinar la identidad de los presuntamente responsables de la violación de derechos establecidos en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso.
Dijo que para desarrollar la investigación los parlamentarios se fundamentaron en la la resolución No. 25-160, adoptada por el Congreso Nacional en la sesión del 25 de noviembre de 2004; la transcripción mecanográfica de la versión magnetofónica de la sesión matutina ordinaria permanente del Congreso Nacional correspondiente al 25 de noviembre de 2004 contenida en el Acta 24-323 de 13 de diciembre de 2004, suscrita por el Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso Nacional; la copia del audio de la sesión llevada a cabo el 25 y 26 de noviembre de 2004.
La primera Vicepresidenta de la Legislatura, Rosana Alvarado, señaló que no era atribución del Congreso Nacional cesar a los vocales de la Tribunal Constitucional y esa es la valoración que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por tanto determina que no había competencia para esa actuación de los exdiputados.
El legislador Gilmar Gutiérrez, enfatizó que la Constitución de 1998 fijó que los diputados no son civil ni penalmente responsables por los votos.
Zobeida Gudiño dijo que el Estado ecuatoriano no puede asumir la irresponsabilidad de ciertos diputados que cesaron a los 8 vocales del Tribunal Constitucional.
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