El gerente general del Banco Nacional de Fomento (BNF), Roberto Guevara, reconoció que la recuperación de recursos por la aplicación de la Ley de Remisión de Multas, Recargos e Intereses ha sido, hasta el momento, insatisfactoria. Sin embargo, aclaró que con actividades que se están ampliando, como socialización, cruce de datos y campañas, esta condición podría cambiar a una recuperación medianamente aceptable. Además, pidió que se extienda la vigencia de la norma hasta el 31 de diciembre de este año.
El gerente acudió a la Comisión de Participación Ciudadana, para informar los resultados de esta ley que entró en vigencia el 5 de mayo pasado. El presidente de la Mesa, Fabián Solano, afirmó que se requirió la presencia del funcionario por una preocupación constante de los asambleístas sobre los beneficios que se generaron con la normativa, así como por pedido de varias organizaciones sociales.
La ley tiene una vigencia de 180 días desde su publicación. Sin embargo, hasta el momento, según Guevara, de más de 48 mil operaciones se han recuperado cerca de ocho mil. De este dato se desprende que de unos 85 millones de dólares se han cobrado alrededor de 7 millones.
El funcionario explicó que el Banco está investigando evidencias porque, aparentemente, muchos créditos que se han otorgado desde el 2006 se habrían entregado sin saber en qué se iban a invertir y si la persona en realidad existía. Estos indicios se empezaron a proyectar después de las gestiones que realizó esta institución para contactar a los beneficiarios. De un total de 45 mil clientes, el Banco, a través del Call Center, solo logró contactarse con cerca de tres mil y después de un cruce de datos con el Registro Civil se determinó que más de 6 mil eran fallecidos.
Dijo que están depurando las bases de datos, pero que el BNF enfrenta otros problemas como su plataforma informática y la transición hacia el BANECUADOR. No obstante, informó que se han realizado campañas de socialización, sobre todo, en territorio. Indicó que estas actividades se están ampliando y que se gestiona un segundo cruce de datos con el Registro Civil para determinar si los clientes que todavía no se llegan a contactar aún existen y dónde están domiciliados. Esta misma actividad se realizará con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
En este sentido, el Gerente del Banco, solicitó a la Asamblea que amplié el plazo de la vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre. Argumentó que además de los inconvenientes expuestos, la norma tampoco se la pudo aplicar inmediatamente porque el cálculo de intereses y la suspensión de juicios coactivos requerían de procesos posteriores, como la reestructuración de la deuda y la contratación de seguros de riesgos de pago.
A nivel de aplicación, entre las acciones que hasta el momento se han desarrollado Guevara destacó la disminución de requisitos y la no entrega de pagos prediales. También se permitió que los clientes que cuya garantía hipotecaria de cobertura inicial es del 120% no requierán un nuevo avalúo para la reestructuración de sus obligaciones y que el período de gracia sea hasta dos años para todas las actividades productivas. Así mismo, que no será necesario el pago del 10% de capital para iniciar este proceso.
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