Al tiempo de considerar como acertada la decisión del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, respecto de la sesión 46, el titular de la Comisión de Educación, Raúl Abad, invocó a las bancadas de oposición a profundizar el estudio del proyecto codificado de la Ley de Educación Superior, a fin de superar y despejar dudas o cualquier desinformación al respecto.Destacó que el documento codificado de 81 fojas, contiene 211 artículos, 11 disposiciones generales, el régimen de transición, 24 disposiciones transitorias, 6 derogatorias; es el resultado de un amplio debate de 800 minutos con 85 intervenciones.
Indicó que a la mesa llegaron más de 900 personas y se realizaron foros en Guayaquil, Cuenca, Loja, Riobamba e Ibarra. La comisión trabajó y consensuó directamente con los actores: docentes, rectores, trabajadores, estudiantes, entre otros, por lo tanto hoy podemos asegurar que se han logrado acuerdos en un 96%, precisó.
Cambios sustanciales respecto a las propuestas originales
Sostuvo que las universidades cofinanciadas, igual que las públicas y privadas, recibirán las pertinentes alícuotas por parte del Gobierno y todas seguirán percibiendo los recursos del Fopedeupo y, lo que es más, se incrementará gradualmente hasta llegar al 5% los fondos para beneficio del sector dentro del Presupuesto General del Estado, pero los centros deberán justificar en qué invierten y gastan, haciendo efectiva la rendición de cuentas.
La ley garantiza la autonomía universitaria en todos sus ámbitos: administrativa, financiera, elección de autoridades, cogobierno, política laboral, etc., fortaleciendo así el principio constitucional, dijo, al ponderar el contenido de la norma que establece una pensión jubilar digna para los docentes, como una herramienta efectiva para mejorar la calidad de vida de los maestros.
Dando respuesta clara a las inquietudes de Kléver García, Paco Moncayo, Rafael Dávila, Edwin Vaca y otros se ha determinado que las universidades entren en un nuevo proceso de evaluación en el plazo de un año; respeto del modus vivendi y condición de los centros militares; que las entidades de cinco años de creación sigan afianzando su institucionalización pero que se sometan a la evaluación, comentó.
Así mismo, Raúl Abad argumentó que se ha tomando en cuenta el pedido de la Conaie para que la universidad intercultural pase de privada a pública, al tiempo que expresó que la Secretaría de Educación Superior no tendrá la rectoría del sistema, sino únicamente la función de coordinación.
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