El Ministerio de Relaciones Laborales considera que no se debe reformar la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, tal como lo plantea el asambleísta Luis Fernando Torres. El Viceministro de esta cartera de Estado, Manolo Rodas, dijo que esos cambios, relacionados con el fraude laboral, colisionarían con ciertos aspectos del orden jurídico. Consideró que la ley debe mantenerse porque la misma facilita al Ministerio realizar un trabajo efectivo sobre las obligaciones laborales.
Rodas acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para emitir sus puntos de vista en cuanto al proyecto en referencia. Explicó que esta iniciativa busca establecer reformas que precautelen a los accionistas o socios de buena fe con relación a la ejecución de la acción coactiva subsidiaria, así como que el velo societario no puede levantarse sino por el proceso judicial más riguroso, a través de una ejecución ordinaria.
Según el funcionario, el legislador no argumenta sobre lo que sucede con los accionistas de mala fe, porque para los de buena fe la ley actual ya puso límites. Existen trampas y estructuras de fraude complejas, sobre las cuales es imposible que se agote un juicio ordinario, dijo.
En este sentido, manifestó que el Ministerio considera que se debe mantener el esquema actual que permite el cobro de acreencias laborales ante esas trampas laborales complicadas. Aseveró que en ellas confluyen figuras de ejecución de transacciones con escasa o nula sustancia económica, intervención de paraísos fiscales, nulo intercambio de información, empresas fantasmas, empresas vinculadas, entre otras.
Por otra parte, la asambleísta Diana Peña solicitó información sobre las acciones administrativas que el Ministerio ha realizado en cuanto a los casos de los ex trabajadores de los casinos que fueron suspendidos, tras la consulta popular del 7 de mayo del 2011. A este requerimiento se sumaron otros legisladores, pero el funcionario aseguró que enviará un documento consolidado con toda la información y, de ser el caso, asistirá a otra comparecencia para hablar sobre este tema.
A la comisión también asistió Paola Hidalgo, Viceministra de Servicio Público. Ella se refirió al proyecto de Ley para el Ejercicio Profesional de las y los Administradores Públicos, de autoría del asambleísta Miguel Ángel Moreta. Manifestó que el mismo debe archivarse, porque existen otras normativas que los regulan. Hizo referencia a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
Sin embargo, la presidenta de la mesa, Marllely Vásconez, recordó que sí existen leyes específicas para otras profesiones, pero “consideraremos las observaciones y apreciaciones que aquí se presenten”.
La propuesta de Moreta es que través de este cuerpo legal se defina la función, campo de acción, reconocimiento oficial y defensa profesional de las y los administradores públicos. Así mismo, que se determine la planificación, organización, dirección y control de estos especialistas.
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