La aplicación del acuerdo ministerial 222 que regula el subsistema de selección de personal para el sector público preocupa a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Por esta razón llamó a un representante del Ministerio de Relaciones Laborales para que explique sobre este tema. Acudió el subsecretario de Políticas y Normas, Carlos Cisneros. Él dijo que se han efectuado varios cambios para reducir el tiempo del desarrollo del proceso y el ahorro de recursos para el Estado.
Después de su explicación a los legisladores les preocupó que el Ministerio no tenga la potestad para hacer que las diferentes instituciones que llaman a los concursos de méritos y oposición cumplan lo que establece la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Me preocupa que no se entienda el espíritu de la ley, que establece que las actividades ocasionales deben ser ejecutadas por personas que cumplan contratos ocasionales y lo mismo con contratos definitivos. Si existen instituciones que no lo están cumpliendo habría que pensar en una ley interpretativa, aseveró la presidenta de la Mesa, Marllely Vásconez.
Cisneros dijo que antes de las reformas los concursos de méritos y oposición tenían un límite de 134 días, mientras que ahora se redujo a 38, divididos en la convocatoria (4 días), mérito (6), nueva oposición (26) y acta de ganador (2). Hasta el 26 de octubre de este año 109 instituciones utilizan la plataforma de Socio Empleo y 190 entes desconcentrados. Más de 28 mil concursos se encuentran planificados, alrededor 14 mil están convocados y 5 mil 359 se han declarado ganadores.
Así mismo, comentó que otras de las novedades, que le permiten reducir costos al Estado, es que después de concluir el concurso, el primer lugar se declara ganador y los cuatro siguientes pasan a un banco de elegibles, es decir, se incorporan a una base de datos para que puedan ser llamados a otros cargos. Así mismo, informó que existe una segunda alternativa a través del banco de elegibles potenciales, a donde ingresan quienes pasan las pruebas técnicas y psicométricas, sin estar entre los cinco mejores puntuados.
Para llegar a estas etapas los postulantes deben demostrar conocimientos técnicos, en donde se requiere reunir 60 puntos; psicométricos, en los cuales necesita 25 puntos y la entrevista, que le otorga 15. Sin embargo, lo que a los asambleístas de la comisión les inquieta es sobre la elaboración de dichas pruebas. Hemos tenido quejas de que las mismas no son lo suficientemente claras, quién y cómo se las elabora, dijo Marllely Vásconez.
Sobre este tema intervino el director ejecutivo del Instituto de la Meritocracia, Javier Romero. Manifestó que esa es una de las partes débiles del concurso. En ese sentido, argumentó que en diciembre del 2014 firmaron un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército gracias al cual han elaborado un listado de 26 mil preguntas y otro acuerdo con la Universidad Central para elaborar los cuestionamientos en el ámbito psicométrico. Afirmó que se ha cumplido un 60%, pero espera que a finales de noviembre esta institución les entregue las preguntas validadas.
Existen instituciones que contratan estos servicios, eso le cuesta al Estado entre 6 y 9 mil dólares. Sabemos que hay debilidades, pero también depende del comportamiento de las instituciones y de las herramientas que se disponga. Estamos tomando las acciones para garantizar que el proceso sea para todos y en igualdad de condiciones, dijo Romero.
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