El presidente de la República, Rafael Correa, envió la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para la Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. El Ejecutivo realiza algunas observaciones a cinco disposiciones reformatorias, entre ellas se refiere a las reformas a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos.
Con respecto a esta disposición, el Pleno aprobó que se amplíe el plazo hasta el 31 de diciembre para que los usuarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) se acojan al beneficio de la remisión para el pago efectivo y/o reestructuración de sus obligaciones. Sin embargo, la objeción aclara que esta norma fue temporal y que expiró, una vez que cumplió el plazo de 180 días, por lo tanto, a pesar de la voluntad de los legisladores de ampliar el plazo, esta reforma contiene un error técnico, puesto que no es viable un artículo cuya vigencia ha expirado.
Sobre este tema el Ejecutivo propone que se añada un artículo que establezca que estas operaciones que no hayan sido reestructuradas, refinanciadas o reactivadas en el plazo de 180 días podrán hacerlo en los 150 días contados desde la publicación de esta ley.
El Presidente también observó la disposición reformatoria tercera, sobre las reformas a la Ley para la Equidad Tributaria, que establece mecanismos para promover la inversión privada a través de exoneraciones de impuestos, como el de salida de divisas para los pagos de créditos externos, inclusive otorgados por entidades no financieras especializadas.
El mandatario explica que a pesar de que la norma constituye un avance importante para que las empresas nacionales puedan conseguir liquidez, dice que el avance sería más evidente si no se grava con este impuesto a la amortización de créditos provenientes de inversionistas domiciliados en paraísos fiscales que no estén relacionados con el prestatario.
En el tema sobre la exoneración del Impuesto a las Tierras Rurales el Ejecutivo también considera que debe haber cambios. Argumenta que la propuesta original pretendía ampliar el número de hectáreas en la Amazonía y otras zonas, pero que los cambios hechos en la legislatura causarían que no se graven estos impuestos cuando el terreno sea superior a 70 hectáreas. En la objeción propone una tabla en la que se determinen estos beneficios con un límite de hectáreas de 70 hasta el 2017, 60 hasta el 2018 y 50 desde el 2019.
Por otra parte, el Primer Mandatario sugiere que en el artículo 35 de la disposición reformatoria quinta, se incluya un inciso que precise que el Estado sí puede participar en otras modalidades asociativas distintas a las empresas mixtas constituidas por empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos, con un porcentaje no mayoritario de propiedad o capital. Explica que si no se hace esta precisión se podría caer en el absurdo de pensar que las empresas públicas que se asocian con la iniciativa privada deben aportar o financiar la mayoría de dicho proyecto.
La otra disposición en la que se ratifica el Ejecutivo es la séptima, relacionada con la Ley Orgánica de Salud, sobre los productos sujetos a control.
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