Las comparecencias de varios sectores del país y los aportes de los legisladores fueron el sustento fundamental para la construcción del proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria que la Asamblea tiene previsto tratar en primer debate. El tema se encontraba en el Orden del Día hoy, 29 de diciembre, pero se suspendió por el fallecimiento del asambleísta Nelson Serrano.
Según el informe, en los diálogos con la ciudadanía y representantes de varias instituciones se identificaron varios problemas en la aplicación de la ley, la necesidad de hacer algunas correcciones semánticas y la concordancia con otras normas.
Originalmente la iniciativa se la presentó como reforma a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, pero después de la socialización de la iniciativa la Comisión de Régimen Económico, que trató el tema, decidió ejecutar una reforma integral, que mejore la coordinación y articulación de las entidades del sector. De esta manera, el cuerpo legal se lo modificó por el de Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: el articulado relacionado con el sector financiero se lo ha transferido al Libro I del Código Orgánico Financiero, dice el informe.
La falta de claridad en la definición e identificación del sector; insuficiente normativa regulatoria para los sectores comunitario y asociativo; lentitud en el registro, catastro y obtención de personería de los actores del sector; y, dificultades para la obtención de títulos habilitantes, fueron los inconvenientes que registró la Comisión después de escuchar a representantes de instituciones y organizaciones del sector público y privado, así como de legisladores.
En cuanto a la definición del sector, el proyecto entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento, consumo, distribución, redistribución y posconsumo. Estos pueden prestar toda clase de servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad.
La mesa también identificó que existen inconvenientes en el registro y control de las unidades productivas existentes; imprecisiones que generan controversias en torno al régimen legal aplicable; dificultades en la regulación vigente; demora en la tramitación de los procesos de liquidación de cooperativas; y, escasas medidas para el fomento en actividades forestales.
Sobre la problemática del registro de unidades productivas existentes, la normativa establece que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria organizará y mantendrá un catastro público que contenga al menos nómina de organizaciones constituidas; de organizaciones intervenidas, en proceso de liquidación y liquidadas; de los integrantes de órganos directivos y de administración, así como de socios. Dice que dicho catastro debe estar permanentemente actualizado, que debe ser público, de fácil consulta y disponible en la web.
Entre los aspectos modificados el proyecto destaca la simplificación el articulado relacionado con el registro, catastro y obtención de la personería jurídica de los actores y organizaciones, para facilitar el acceso a las medidas de incentivo, fomento y promoción previstos en la LOEPS. La propuesta contiene varias puntualizaciones sobre la posibilidad que tienen las organizaciones para realizar actividades afines con su objeto social y precisa las atribuciones que tienen para gestionarse con autonomía, entre otros beneficios.
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