Las pasantías que realizan las y los estudiantes en el sector empresarial no podrán prolongarse, sin generar relación de dependencia, por más de seis meses. Durante este tiempo el empleador deberá afiliar al pasante a la seguridad social y aportar el rubro en su totalidad sobre un mínimo equivalente al salario básico unificado. Así mismo, las partes podrán acordar la cancelación de cualquier tipo de estipendio.
Esa es una de las propuestas que plantea el proyecto de Ley Orgánica para la Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo, que presentó ayer el Ejecutivo a la Asamblea. Para ejecutarla plantea que se reforme el artículo 7 de la Ley de Pasantía en el Sector Empresarial. Según el texto, esta norma se expidió en la década de los 90 y no se acopla a las necesidades actuales. De esta manera, dice que es necesario fortalecerla, estableciendo un tiempo máximo de las pasantías, con el fin de impedir que bajo este régimen se eluda el mantener una relación laboral.
El proyecto indica que el objetivo de las pasantías es ofrecer la experiencia de incursionar en la actividad formal en el ámbito empresarial, caso contrario, los estudiantes ven limitada la posibilidad de adquirir práctica y enriquecer sus conocimientos. En la norma vigente las pasantías no remuneradas son ilegales. En cambio, el proyecto establece que el estipendio por las prácticas profesionales se ejecute según un acuerdo entre la empresa y la o el pasante, basando la experiencia en un componente formativo.
Otro de los propósitos de la iniciativa gubernamental, que llegó al Legislativo como urgente en materia económica, es generar espacios laborales para los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Para esto, propone una reformar el artículo 34 del Código del Trabajo. Aquí se incorporan algunos párrafos, con los cuales se establece que la contratación del empleo juvenil no implica la sustitución de trabajadores que mantienen una relación laboral estable y directa. Es decir, siempre implicará aumento de la nómina.
La reforma también determina que bajo esta modalidad el pago del aporte patronal será cubierto por el Gobierno Nacional hasta dos salarios básicos unificados del trabajador en general; si es mayor a esta cifra la diferencia la pagará el empleador. Esta norma se aplica siempre y cuando el número de contratos juveniles no supere el 20% del total de la nómina estable. Así mismo, este aporte lo cubrirá el Estado cuando el trabajador tenga estabilidad al menos 12 meses.
La iniciativa también manda que los contratos de trabajo de empleo juvenil deberán celebrarse por escrito y en cualquier clase de contratos, que señala el artículo 19 del Código del Trabajo, entre ellos se encuentran los eventuales, ocasionales, de temporada, de aprendizaje, período de pruebas, de obra cierta, los de a destajo o por tarea, entre otros.
Según la propuesta del Ejecutivo, lo que se pretende es acelerar la creación de puestos de trabajo, en especial para la gente joven en donde se concentra un nivel de desempleo por encima del promedio nacional. Explica que en Ecuador, a diciembre de 2015, existen 141 mil 164 jóvenes desempleados entre 18 y 24 años, es decir una tasa del 12, 6%, dos puntos más con relación al 2014.
Entre tanto, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de desempleo juvenil en Sudamérica se mantuvo, entre 2012 y 2014, en rangos del 13, 4% y un 13, 5%, con tendencia a que empeore en el corto plazo.
Para mejorar estas condiciones, el proyecto advierte que el impulso para la inserción laboral de las y los jóvenes se lo realizará facilitando el acceso a sus primeras experiencias, a la capacitación, a la creación de un entorno favorable y con estímulos para los empleadores.
El mayor derecho laboral de los trabajadores es el acceso y mantenimiento en condiciones dignas, bajo esa lógica es primordial que el Estado construya con medidas que estimulen la creación de nuevas plazas laborales, en conjunto entre el Estado, trabajadores y dueños de los medios, dice el texto.
LM
