La Comisión de Régimen Económico recibió propuestas para la generación de empleo y la economía popular y solidaria. Andrés Mideros Mora, secretario Técnico para la Erradicación de la Pobreza precisó que urge buscar mecanismos de promoción del consumo responsable que privilegie la compra de bienes y servicios realizados por organizaciones de la economía popular y solidaria.
Expresó que la obtención de la personalidad jurídica y la inscripción en el catastro público es demorosa y que existe más de un registro que obliga a organizaciones de la economía popular y solidaria a inscribirse con amenaza de disolución. Propuso que las organizaciones inscriban su registro en el catastro público establecido en la Ley de Economía Popular y Solidaria como el único imperioso para estos actores.
Aseveró que es necesaria una normativa precisa de los procesos de disolución y liquidación de las organizaciones de la economía popular y solidaria; que en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones se definan como derechos de personas y organizaciones de la economía popular y solidaria la libertad de producción y comercialización; libertad de importación y exportación; libre acceso al sistema financiero y mercado de valores; y, libre acceso a mecanismos de promoción y asistencia técnica.
Propuso que en las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria se considere la reducción de 3 puntos porcentuales en el impuesto a la renta; crédito tributario por el pago de IVA en compra de insumos nacionales para producción; exclusión del anticipo del impuesto a la renta a la compra de nuevos activos para productividad e innovación tecnológica.
Expresó que los miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria no cuentan con los beneficios de la seguridad social, por lo que pidió que se les incluya como miembros de una organización tengan derecho a la afiliación. Esta afiliación no establece una relación de dependencia, puesto que los miembros son propietarios y trabajadores a la vez, aclaró.
De su lado, Luis Robayo representante de Ucabanpe, tras explicar que esta organización representa a 78 cajas solidarias y bancos comunales que tienen personería jurídica. Están conformados por 7015 socios cabezas de hogar, de los cuales el 65% son mujeres, solicitó que los organismos de integración sean representativos y económicos.
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