La vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Mónica Brito, recordó que el proyecto de Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas tiene aproximadamente dos años de tratamiento en el organismo, tras señalar que el debate durante todo este tiempo fue amplio y profundo, lo cual permitió modificar el documento, de tal manera que no haya afectación a los derechos de los ciudadanos.
Señaló que el proyecto de declaraciones patrimoniales tiene entre sus principales objetivos agilitar el proceso de registro y presentación de las declaraciones patrimoniales juradas, a más que tiene el carácter de público.
Al referirse al veto del Ejecutivo señaló que los dos artículos tienen concordancia y no cambian el objetivo y espíritu de la ley, además que a través de la disposición derogatoria final se plantea que entre en vigencia en enero de 2017 y básicamente responde a un tema operativo con la finalidad de que la Contraloría pueda preparar no solamente la plataforma, sino todo el sistema y el proceso que se requiere para que el servidor público realice sus declaraciones juradas en línea.
Dijo que los mayores beneficiarios son los servidores públicos que no solamente van a ganar tiempo y ahorrar dinero, sino que se da muestra a la ciudadanía de que el gobierno continúa en la lucha contra la corrupción, al hacer público el contenido de las declaraciones juradas.
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