La Comisión de Régimen Económico se reúne este miércoles 30 de marzo, a las 09:45, con la finalidad de dar lectura al borrador del informe sobre el proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Los parlamentarios recogieron sugerencias de los legisladores y de autoridades de instituciones inmersas en esta temática. Luego del análisis correspondiente la comisión preparó una reforma integral que crea una nueva institucionalidad que garantice la efectiva aplicación de políticas, procedimientos y acciones orientados a la prevención, control y erradicación del lavado de activos y el financiamiento de delitos subyacentes a dicha actividad.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, indicó que a través del proyecto se amplía el número de obligados a proporcionar información sujeta a revisión por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a fin de que las instituciones del sistema financiero y las actividades y profesiones no financieras designadas estarán obligados a informar a esta unidad, así como aquellas personas naturales y jurídicas que ésta determine en las resoluciones correspondientes.
Indicó que también se aclaran las atribuciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en su papel de rectoría en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. De igual manera se fortalece la UAFE, de modo que su actividad no solo se restrinja al análisis financiero, sino a todas las actividades económicas y estaría adscrita a la Presidencia de la República.
Precisó que la unidad tiene como responsabilidad la recopilación de información, su análisis y la remisión a las autoridades competentes, en caso de detectar operaciones injustificadas; y, adicionalmente se constituye como contraparte institucional en lo relativo a los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador.
Igualmente, en la normativa se dispone que el Director General de la UAFE tendrá la obligación de remitir anualmente a la Asamblea Nacional, un informe estadístico con el número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje de aquellos que se judicializaron.
Prevé crear el Consejo Directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses que permite una mejor articulación contra el crimen organizado y el lavado de activos, entre otros aspectos.
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