De los 62 millones que debe pagar la empresa operadora CONECEL, por los cobros excesivos que realizó en algunos meses de los años 1999 y 2000 por el redondeo en las tarifas de telefonía celular, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) ha cobrado 29, 6 millones de dólares, a través de garantías de juicio coactivo, informó su directora ejecutiva Ana Proaño.
La funcionaria fue requerida por la Comisión de Gobiernos Autónomos para que explique la aplicación de la disposición transitoria novena de la Ley de Telecomunicaciones, relacionada con este tema. De esta manera, también informó que en enero de este año la empresa hizo otros dos abonos de cerca de 19 millones de dólares, por lo que queda un saldo de 13,4 millones de dólares. La operadora debía pagar de capital más intereses 62 millones de dólares.
La Directora manifestó que con la finalidad de continuar la acción de cobro y ordenar medidas cautelares y de ejecución ARCOTEL solicitó información sobre bienes muebles, inmuebles, acciones y derechos de la empresa a varias instituciones, entre ellas la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y los municipios de Quito y Guayaquil, entre otros.
Así mismo, sostuvo que con la información que ya disponen se ha dispuesto la retención de créditos presentes y futuros que CONECEL y los fideicomisos mercantiles mantengan a su favor. Además, se ha ordenado el embargo de los derechos que como constituyente y beneficiario tiene la coactivada en los fideicomisos señalados.
OTECEL es la otra operadora que también debía hacer estos pagos, por la misma razón. Según ARCOTEL esta empresa debe cancelar de capital más los intereses 13, 9 millones de dólares. Proaño manifestó que en octubre del 2015 se dispuso a esta operadora hacer el pago en el término de 10 días, el mismo plazo que se le disputo a CONECEL.
Sin embargo, explicó que OTECEL interpuso un arbitraje ante las Cámaras de Industrias y Comercio Ecuatoriano Británica y de Industrias de Pichincha. Dijo que el arbitraje está conformado por una persona nombrada por la empresa, otra por la Agencia y una tercera elegida por las dos partes de común acuerdo. Este último no se ha logrado definir, por lo que se ha dispuesto al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile que designe al tercer árbitro.
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