El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, aseguró que el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo no afectará la autonomía de los municipios. Según la iniciativa se crea una Superintendencia para vigilar y controlar el cumplimiento de la norma. El legislador dijo que esa institucionalidad está respaldada por la Constitución y por el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que determina que el ejercicio de la autonomía no les exime de tener control por parte de los organismos nacionales.
Sobre la creación del Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo, Calderón informó que también está respaldada por la norma superior y que estará integrado por representantes del Ministerio de Vivienda, la Secretaría Nacional de Planificación y los municipios. Esta entidad establecerá los parámetros mínimos que deberán ser acogidos por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para que se obligue que las construcciones cumplan los estándares de sismoresistencia, iluminación, ventilación, así como parámetros de ubicación geográfica, entre otros elementos.
Indicó que en ciudades grandes e intermedias ha habido un crecimiento desordenado, sin planificación. “En Quito existe en número de superficie seis veces más que hace 20 años y en Guayaquil 10, los municipios no han asumido con responsabilidad la planificación urbana frente al crecimiento, tenemos que garantizar estos niveles mínimos de calidad. Un ex presidente de la Cámara de la Construcción señaló que en Quito cerca del 65% de construcciones son informales; hay que asumir con responsabilidad esta problemática y esta normativa contribuye a resolver esta preocupación que debe ser de todos los ecuatorianos”, agregó.
Cambios en el proyecto
Richard Calderón informó que para este segundo se han realizado algunos cambios al proyecto. Por ejemplo se incluyó una transitoria para obligar a los GAD municipales y metropolitanos que, en un año, realicen una evaluación de las infraestructuras, edificaciones y construcciones, en especial las de alta concurrencia de personas, según los parámetros establecidos por el Consejo Técnico. Aquí se establece el mismo deber para el gobierno central en lo que a éste le corresponde.
Los GAD también tendrán dos años para ejecutar un primer levantamiento de información catastral, a fin de contribuir en la actualización del Catastro Nacional Integrado Georreferenciado. En este mismo plazo deberán finalizar la regularización de asentamientos humanos, mientras que en cuatro años deberán concluir la construcción de los sistemas públicos de soporte necesarios en las zonas objeto de proceso de regularización, en particular de servicio de agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, agregó.
De igual manera, se pide que la Dirección General de Registro Civil, en 180 días, adopte las medidas pertinentes para garantizar el registro de residencia de las personas adultas mayores y personas con discapacidad e implementar tecnología para facilitar el registro o actualización en línea de dicha residencia.
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