Vivienda adecuada y digna, derecho a la ciudad, bienes y servicios de calidad, accesibilidad, soberanía alimentaria, ambiente sano y articulación entre los diferentes niveles de gobierno son los principios que orientan al proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos y ponente de la iniciativa, Richard Calderón.
Explicó a los legisladores que este cuerpo legal crea una nueva institucionalidad y mecanismos que permitan un ejercicio racional, articulado, sistémico y eficiente de las competencias de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Así mismo, ancla el proceso de ordenamiento territorial a una agenda de desarrollo y a un modo de gestión guiado por los intereses generales.
Según Calderón, la propuesta genera los instrumentos y mecanismos que posibiliten la gestión de la ciudad como una construcción colectiva al servicio de todos sus habitantes; define los instrumentos necesarios para evitar el manejo inequitativo, excluyente y discrecional del suelo; garantiza el derecho al hábitat; y, desarrolla un marco jurídico general para todos los niveles de gobierno, que permita homologar el contenido, alcance y articulación de la competencia municipal y de los otros niveles de gobierno.
Sobre el régimen institucional, manifestó que se crea un Consejo Técnico para la regulación, con la emisión de normas. Estará integrado por la SENPLADES, encargada del ordenamiento territorial, el MIDUVI encargado del uso del suelo y los municipios también encargados del uso del suelo, en su nivel de gobierno. Estos últimos tienen además la facultad de planificar, regular, controlar y gestionar dicho uso. En tanto la rectoría local del ordenamiento territorial les corresponde a los GAD regional, provincial, municipal y local.
El legislador manifestó que la planificación y gestión del territorio permite racionalizar el uso del suelo, evitar la especulación, proteger la vida e integridad de los ecuatorianos y dotarles de una vivienda adecuada, a través de varios instrumentos.
Antecedentes
Calderón argumentó que se ha identificado una debilidad institucional y normativa sobre el ordenamiento territorial, competencias y gestión de suelo, porque existe precariedad e informalidad en los procesos de construcción y en el acceso a los servicios básicos; ciudades excluyentes e inequitativas; y, desarticulación y descoordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Estas explicaciones las sustentó con algunas cifras. Manifestó que en el 2010 las viviendas con características físicas inadecuadas, carencia de acceso a servicios básicos, materiales inapropiados y hacinamiento fue del 45.04%: la conexión a la red pública de agua potable era del 55.31% y al alcantarillado del 53.59%. De igual manera, expuso que de los 125 municipios encuestados solo el 52.5% adoptó medidas de prevención de riesgos.
En cuanto a ciudades excluyentes e inequitativas dijo que se han desarrollado asentamientos urbanos de hecho en un 19,14% en el 2010; acelerado y desordenado proceso de urbanización e incumplimiento del índice urbano verde. En este último caso apenas 10 de los 221 municipios cumplen la recomendación internacional del Índice Urbano Verde de 9 metros cuadrados por habitante.
Duplicidad de funciones, dispersión en el ejercicio de las competencias, débil sinergia en la planificación y desconexión entre lo local y una lógica de desarrollo nacional, es lo que ha provocado la desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno, advirtió finalmente Calderón.
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