La Comisión de Biodiversidad continúo receptando observaciones y sugerencias en torno al proyecto de Código del Ambiente. En la sesión los parlamentarios escucharon a representantes del programa de Conservación de Murciélagos, Acción Ecológica, CORPEI, Jóvenes Ambientalistas, Recicladores del Ecuador, Facilitadores Socio Ambientales, de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza; y, de la Fundación Ecuatoriana para el Desarrollo Social.
Laura Guanoluisa, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, pidió que se incorpore el reciclaje inclusivo, porque permitirá garantizar el trabajo de alrededor de 20 mil personas que son actores primordiales dentro de la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. Dijo que por años han luchado por su inclusión dentro de la política pública.
Manifestó que el trabajo que desarrollan promueve la inclusión de recicladores de base en la gestión integral de residuos sólidos y se articula como un servicio de aseo público, por tanto, debe haber concordancia con los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
Animales están desprotegidos
Juan Carlos Rojas, presidente del Colectivo Jóvenes Ambientalistas, al hablar de la fauna urbana dijo que el terremoto que azotó a Ecuador el pasado 16 de abril evidenció que los animales están desprotegidos. Señaló que la fauna urbana debe ser vista desde el punto de vista de salud pública. “Al momento no se conoce cuántos animales hay en el país, apenas se sabe que existen 424 mil abandonados, es decir, no hay un levantamiento de información”.
Lamentablemente en Pichincha hay lugares donde se venden perros sin el control debido, sin las vacunas necesarias y no existe la identificación del animal, lo cual atenta contra la vida de todos los seres humanos, agregó.
Sostuvo que los animales de entretenimiento no deberían ser vistos de esa manera, sino más bien como animales de recreación social.
Incluir procesos de participación social
Mónica Daza, de la Agrupación Facilitadores Socio Ambientales, indicó que le preocupa la derogatoria de la Ley de Gestión Ambiental, instrumento que establecía los procesos de participación social, por tanto, solicitó que en el Código de Ambiente se incluya este aspecto, ya que la ciudadanía debe estar informada en caso de impactos negativos en el ambiente.
Piden crear Superintendencia
José Rivadeneira, de la Organización para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) precisó que es necesario poner freno al modelo extractivista. Hay que poner una mirada a los derechos de la naturaleza y la participación social que son desafíos nuevos para la sociedad ecuatoriana, subrayó.
Para garantizar el cuidado de la naturaleza con perspectiva del buen vivir hay que entender que la Agencia de Regulación y Control, adscrita al Ministerio del Ambiente es insuficiente, añadió. A su criterio es necesaria la creación de una Superintendencia que garantice una regulación de las actividades públicas y privadas. La agencia no podrá garantizar el salto cualitativo para poner en orden a las actividades del Estado y las empresas privadas, agregó.
Regular cacería deportiva
Joaquín Flor, presidente Ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI), señaló que en la propuesta hay que regular y controlar la cacería deportiva, pero no prohibirla.
Indicó que en el proyecto se propone una prohibición de la cacería deportiva, asumiendo que la misma es negativa para el medio ambiente. Esta prohibición alejaría al Ecuador de aprovechar los aspectos positivos que tiene esta actividad, como son el control de plagas indeseables, el mantenimiento del nivel óptimo de especies y el turismo de cacería. Todas las legislaciones latinoamericanas regulan la cacería deportiva, con el fin de evitar la clandestinidad, finalizó.
JLVN/pv
