Alrededor de 100 ciudadanos de la provincia del Carchi acudieron al Salón de la Ciudad del cantón Montúfar, en donde participaron en la socialización del proyecto de Código de Ambiente que tramita la Comisión de Biodiversidad. Las organizaciones sociales se interesaron en temas relacionados con el régimen sancionador, régimen institucional, competencias de la Autoridad Ambiental y de la Agencia de Regulación y Control, la educación ambiental, el uso de los productos orgánicos, entre otros aspectos.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri Gualinga, al resaltar el interés de los habitantes del Carchi por conocer el contenido, alcance y objetivos del proyecto que se tramita en la Asamblea Nacional, precisó que la participación ciudadana es fundamental para construir una normativa que garantice los derechos de la naturaleza, ya que es allí donde se reproduce y realiza la vida, por tanto, es necesario que se respete integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.
Se comprometió para que el código se nutra de todas las observaciones de organizaciones sociales, colectivos ambientales, organismos no gubernamentales, empresas privadas, instituciones del Ejecutivo y Academia.
Carlos Viteri les informó que el proyecto fue sometido a consulta prelegislativa, dirigida a los titulares de derechos colectivos, quienes dieron sus observaciones al proyecto y que en este proceso se registraron consensos sobre la necesidad de que Ecuador cuente con una normativa integral que se ajuste a la realidad del país y que se proteja la naturaleza.
De su lado, el asambleísta Carlos Velasco aclaró que todas las propuestas que se tramitan en la Legislatura son perfectibles, por ello, los parlamentarios acuden a territorio para que la ciudadanía dé sus aportes para construir una norma que garantice los derechos de la naturaleza y de los seres vivos.
Cosme Navarro, representante de la Organización de Trabajadores de Mecánicas y Lubricantes al coincidir en la necesidad de estructurar un Código de Ambiente integral, resaltó el principio que consta en la normativa “el que contamina paga”.
Vicente Pachacama, de la Fundación Ayuda en Acción, dijo que le preocupa la proporcionalidad de las sanciones para los delitos ambientales, específicamente en el tema de incendios forestales. Propuso la participación del sector público y privado para la conservación del medio ambiente.
De su lado, Renón Flores, de la empresa Jardinor, se refirió a la importancia de la educación ambiental en escuelas y colegios. Luis Yandún señaló su preocupación sobre la contaminación de CO2 que emanan los buses urbanos e indicó que se debería establecer parámetros para regular este aspecto. Mientras que el ciudadano Germán Martínez subrayó la necesidad del uso de productos orgánicos en la agricultura para mejorar la salud y calidad de vida de los ecuatorianos.
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