La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá este jueves 2 de junio, a partir de las 09:50, con el propósito de conocer y analizar el informe para primer debate del proyecto de Ley de Parto Humanizado, que regula los mecanismos para una adecuada atención integral del parto humanizado y norma los casos en que los partos por cesárea no sean médicamente indispensables, garantizando la práctica de la salud ancestral y alternativa, mediante el respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.
Su propósito fundamental es garantizar los derechos de las mujeres y sus familias durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como reposicionar el papel y decisión de las familias y de las mujeres en particular en el nacimiento de sus hijos.
El texto para primer debate, que fusiona los proyectos de ley presentados por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira y la asambleísta Lourdes Tibán, procura rescatar los aspectos más importantes de las dos iniciativas y conciliar criterios en torno al parto, tanto desde el punto de vista médico, como en el inclusivo en materia de respeto a los derechos consagrados en la Constitución, en aspectos relevantes de las prácticas y costumbres interculturales.
Aborda como un problema de derechos humanos y de salud pública la epidemiología de la operación cesárea y procura fijar parámetros encaminados a evitar el preocupante aumento de cesáreas innecesarias y las posibles consecuencias negativas a corto y largo plazo para la salud materna e infantil, priorizando un parto seguro, respetando los derechos de las mujeres.
El proyecto incorpora la obligación de los médicos a entregar un informe que justifique motivadamente la necesidad de realizar la cesárea, mismo que debe ser remitido a la Autoridad Sanitaria Nacional por la entidad de salud en la que se ejecute la operación. Del mismo modo prevé que cuando la cesárea sea practicada por consentimiento expreso de la mujer embarazada se requeira su autorización que deberá ser receptada por el médico o la institución de salud en la que se practique y enviada a la Autoridad Sanitaria respectiva.
El documento establece que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades facilitarán el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y ancestrales y el diálogo intercultural de saberes con el Sistema Nacional de Salud para una mutua valoración de los conocimientos, con el fin de fortalecer la colaboración recíproca en materias de salud sexual y reproductiva.
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