La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá mañana, a partir de las 11:00, para analizar un borrador de informe para primer debate del proyecto de Ley de Parto Humanizado. La norma regula los mecanismos para una adecuada atención integral del parto humanizado y norma los casos en que los partos por cesárea no sean médicamente indispensables, garantizando la práctica de la salud ancestral y alternativa, mediante el respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.
Su propósito fundamental es garantizar los derechos de las mujeres y sus familias durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como reposicionar el papel y decisión de las familias y de las mujeres en particular en el nacimiento de sus hijos.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, al señalar que se propone generar conciencia de lo que significa un parto humanizado en el país, recalcó que la OMS indica que no se puede superar el 15% de los partos por cesáreas y en nuestro país, pese al trabajo que realiza el Ministerio de Salud Pública, en el sector púbico llega casi al 40% y en el privado supera el 70%, lo que indica que algo hay que hacer y que se deben tomar medidas urgentes.
Este alto porcentaje de cesáreas se debe a múltiples factores, razones médicas, decisión de madre, falta de información, riesgos, entre otros, añadió el legislador, al sostener que es indispensable asegurar que la atención a la madre sea de forma integral durante todo el período de embarazo para que el momento de dar a luz llegue en las mejores condiciones.
El texto para primer debate, que fusiona los proyectos de ley presentados por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y la asambleísta Lourdes Tibán, procura rescatar los aspectos más importantes de las dos iniciativas y conciliar criterios en torno al parto, tanto desde el punto de vista médico, como en el inclusivo en materia de respeto a los derechos consagrados en la Constitución, en aspectos relevantes de las prácticas y costumbres interculturales.
Aborda como un problema de derechos humanos y de salud pública la epidemiología de la operación cesárea y procura fijar parámetros encaminados a evitar el preocupante aumento de cesáreas innecesarias y las posibles consecuencias negativas a corto y largo plazo para la salud materna e infantil, priorizando un parto seguro, respetando los derechos de las mujeres.
Establece que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades facilitarán el intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y ancestrales y el diálogo intercultural de saberes con el Sistema Nacional de Salud para una mutua valoración de los conocimientos, con el fin de fortalecer la colaboración recíproca en materias de salud sexual y reproductiva.
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