La objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo la analizará mañana, 15 de junio, la Comisión de Gobiernos Autónomos. La mesa se reunirá a partir de las 10:00 para conocer y analizar las observaciones realizadas por el presidente de la República, Rafael Correa, al proyecto aprobado por el Pleno el pasado 12 de mayo.
El Ejecutivo vetó a ocho de los 115 artículos que tiene el cuerpo legal, así como a dos disposiciones. Uno de los temas objetados es sobre las atribuciones del Comité Técnico de Uso y Gestión de Suelo, que autoriza informar a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sobre el incumplimiento de la normativa por parte de los gobiernos municipales y metropolitanos.
El Presidente asegura que en el diseño de esta institucionalidad la Superintendencia se constituiría en órgano de control y el Consejo en un ente facultado a dictar regulaciones técnicas, por lo que mantener esta atribución ocasionaría asignarle una cierta labor de control al Consejo, que requeriría eventualmente crear una estructura incompatible con el fondo de las atribuciones de la ley, por lo que pide eliminar este mandato.
En varios artículos considera que se establecen detalles que no deberían estar en la ley, sino en otra norma, a fin de que puedan ajustarse a las diferentes realidades. Por ejemplo, en el artículo 14, sugiere que en cuanto a la formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados se los regule mediante una norma que expida el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo y no por ley. La Asamblea aprobó que para la ejecución de estos procesos se cumplan ciertas etapas y se regula la preparación, diagnóstico, modelo de gestión, plan de desarrollo y ordenamiento territorial.
No obstante, el mandatario argumenta que este nivel de detalle parecería no corresponder a una ley, sino a una norma que la desarrolle, porque cuando el órgano técnico quiera ajustar a las necesidades locales se encontrará en la necesidad de proponer una reforma legal.
El mismo criterio solventó el veto a los artículos 27, 28 y 29 sobre la regulación del uso y gestión del suelo, que integra en la ley algunos criterios estructurantes y urbanísticos, que imposibilitaría ajustar los planes a los verdaderos requerimientos locales.
El Presidente también cuestionó el artículo relacionado con el control de la habitabilidad. La Asamblea aprobó que para controlar las obras, previo a la ocupación, se debe otorgar el permiso de habitabilidad, sin el cual no se podría celebrar escrituras públicas, pero para el Ejecutivo el control debe ejecutarse mientras dure la construcción y que el incumplimiento de esta obligación no exime al gobierno local correspondiente verificar que la obra terminada cumpla las normas aplicables y una vez concluida la misma se entenderá por habitable y no se requerirá de ningún permiso.
LM/pv
