La Comisión de los Derechos de los Trabajadores ratificó hoy el compromiso de buscar una solución al problema que enfrentan alrededor de 4.000 educadores comunitarios que prestaron sus servicios en el Ministerio de Educación desde el año 1996 y que no han accedido a la Seguridad Social, a tal punto que luego de 40 años de servicio no tienen una pensión de jubilación.
Esta mañana escuchó al Coordinador de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, Jorge Fabara, quien recordó que el problema data de 1996 con la expedición de una ley que otorgaba a los educadores comunitarios una bonificación, pero no reconocía el resto de derechos, entre ellos a la seguridad social.
La presidenta de la comisión, Marllely Vásconez, tras señalar que tratan de solucionar una injusticia cometida por gobiernos anteriores, indicó que la Ley de Educación Intercultural prevé que los educadores comunitarios que puedan certificar que colaboran en el sistema educativo, que han obtenido título profesional en materia educativa y que cumplan los requisitos previstos para el ingreso al magisterio serán contratados como profesores en los lugares que fueren necesarios hasta que participen en los concursos de méritos y oposición y a aquellos educadores que no hayan culminado la educación básica o bachillerato se les ofrecerá procesos acelerados de formación.
Manifestó que con base en esta normativa es importante conocer cuántos educadores ingresaron al magisterio y cuántos han sido capacitados.
Jorge Fabara expresó que los problemas tienen origen en la ley de 1996, razón por la que se ha recurrido a varias instancias judiciales hasta llegar a la Corte Constitucional que, en base a una demanda de alrededor de 237 educadores comunitarios de Manabí, dispuso que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establezca los valores para cubrir el acceso de estas personas a la seguridad social.
Afirmó que para que este beneficio se amplíe a todos los educadores comunitarios que reclaman el reconocimiento de sus derechos deberían presentar sendas demandas judiciales.
Este criterio no es compartido por los legisladores, quienes señalaron que no se requiere judicializar cada caso, porque se trata de derechos laborales adquiridos y que señaló que es imprescriptible la obligación del empleador frente a la seguridad social para sus trabajadores.
PV
