La Comisión de Biodiversidad recoge las propuestas planteadas en la consulta prelegislativa del proyecto de Código de Ambiente que se realizó en las 21 provincias del país, a fin de estructurar el informe para segundo debate.
El presidente de la comisión, Carlos Viteri Gualinga, recordó que en la consulta prelegislativa participaron 3.825 personas en las audiencias públicas provinciales a nivel nacional, sobre todo representantes de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio.
Recalcó que a más de la participación de las organizaciones inscritas en el desarrollo de las audiencias públicas, también se contó con la asistencia de 8 actores de la academia, 24 colectivos y organizaciones no gubernamentales, 81 comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades no inscritas, 23 autoridades locales y provinciales y 80 actores de otros sectores de la ciudadanía en general, los que si bien no han sido parte del proceso consultivo desde su inicio se mostraron interesados en expresar las inquietudes y observaciones que tienen sobre asuntos ambientales de interés público relacionados con este proyecto.
Indicó que en la sistematización de las intervenciones durante las audiencias públicas provinciales, se identificaron los siguientes aportes al proyecto de Código de Ambiente: políticas educativas para concienciar a las personas sobre la protección y cuidado del ambiente; promover las actividades locales: turismo comunitario y artesanales; especificar las competencias entre el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Ambiental, así como las competencias interinstitucionales (MAE, MAGAP, SENESCYT), sin dejar de lado la posición de ciertas comunas y comunidades en contra de la creación de la Agencia de Regulación y Control Ambiental; fortalecer las competencias ambientales de los gobiernos autónomos descentralizados a todo nivel.
Precisó que también pidieron puntualizar la relación que existe entre la Agencia de Regulación y Control Ambiental, la Superintendencia Ambiental y el Instituto Nacional de Biodiversidad; realizar un manejo adecuado y responsable de los desechos por parte de las autoridades competentes; establecer medidas y estrategias de cambio climático que consideren las actividades de las comunidades; cumplir los parámetros del buen vivir, determinar infracciones ambientales que tengan concordancia y proporcionalidad con las sanciones impuestas, según daños ambientales causados.
Pidieron que se considere la necesidad de titulación de tierras comunitarias ubicadas en zonas de conservación, debido a un alto índice de organizaciones que aún no cuentan con títulos de propiedad; enviar la explotación desmedida de los recursos naturales en bosques protectores y áreas protegidas, respetar y reconocer los saberes y prácticas ancestrales como parte esencial de la identidad.
Carlos Viteri señaló que en el proceso de consulta se evidenció el interés por parte de la ciudadanía en aprobar esta normativa ambiental por su importancia en el cuidado, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
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