Magno Vecilla, jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Ventanas, provincia de Los Ríos; Ever Arroyo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito; Édgar Vera, inspector de Aduanas y Yolanda Moreno, del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria, a propósito del primer debate del proyecto de Ley de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público, fueron recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional, para escuchar sus puntos de vista sobre la normativa.
Los bomberos hicieron algunas puntualizaciones. Las principales fueron que no se elimine la contribución ciudadana a través de las planillas de energía eléctrica, pues según explicó Magno Vecilla, ese aporte sumado a la tasa contra incendios, son las únicas vías para mantener los recursos. “Nosotros no vivimos de ninguna transferencia del Presupuesto General del Estado, sino de la contribución ciudadana”, dijo. Además, insistieron en que en el artículo 14 del proyecto, respecto de los aspirantes y sus remuneraciones, es necesario añadir que se podrá reconocer subvenciones económicas.
Ever Arroyo, jefe del Cuerpo de Bomberos de Quito, hizo comparaciones entre las realidades de los distintos cuarteles del país. “Mientras ciudades grandes tienen todos los implementos y tecnología, hay sitios en donde no conocen ni los equipos básicos”, explicó. Para Arroyo, es urgente que exista una sola entidad a nivel nacional para que tanto las obligaciones como las ventajas sean generales.
También se propuso que las jubilaciones, en el caso de los bomberos, sean máximo a los 45 años de edad, argumentando que al ser una profesión de alto riesgo es necesario que exista personal con capacidad de responder ante eventualidades de todo tipo. “Hay compañeros de 60 años de edad que solo se quedan para no perder sus jubilaciones, pero representan un riesgo, porque no pueden responder igual que una persona de menor edad”, aseguró.
En las Aduanas
Édgar Vera, inspector de Aduanas, aseguró que la reglamentación vigente es incoherente con la misión que cumplen. Por eso precisó que un nuevo marco legal está más que justificado para adoptar estructuras y procedimientos que den agilidad a la prestación de servicios. En el caso de los 562 funcionarios a nivel nacional que pertenecen a las aduanas, pidió que garantice estabilidad y posibilidades de ascenso. Además de una remuneración acorde a las funciones.
Yolanda Moreno, del Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria fue clara al decir que es imprescindible jerarquizar el ascenso a través de un sistema de grados. “La Asamblea puede establecer un antes y un después respecto a vacíos legales y trabas administrativas que existen en el sistema penitenciario”, concluyó.
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