El asambleísta Víctor Medina, vocal de la Comisión de Fiscalización, al precisar que se debe actuar con responsabilidad en el pedido de juicio político porque no es cuestión solo de recoger firmas para hacer show político mediático, lamentó que en la presentación de las pruebas contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, solo hayan acudido 8 de los 37 legisladores que suscriben la solicitud.
Dijo que en la sustanciación de la petición se respetarán las garantías del debido proceso y los plazos determinados en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego de receptar las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión de Fiscalización iniciará el trabajo de sistematización, verificación y estudio jurídico para presentar el informe a la presidenta de la Asamblea Nacional, sugiriendo de manera motivada el archivo o el pedido de juicio político al Ministro de Educación, aseveró.
Víctor Medina tras recordar que los interpelantes lo acusan al ministro de no cumplir un artículo del Reglamento de la Contraloría General del Estado, respecto a la contratación de pólizas para asegurar los bienes públicos, dijo que propuso a la Comisión de Fiscalización hacer un estudio de la norma principal, es decir, la Ley Orgánica de la Contraloría.
Nos dimos cuenta que existen falencias en la Ley de la Contraloría y de ello se desprende ambigüedad en su reglamento, por ello, el ministro Espinosa dijo que es inconstitucional. Los legisladores no estamos en la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma sino la Corte Constitucional. De allí se desprende la necesidad de convocar al Contralor o hacer una consulta a la Corte Constitucional, a fin de buscar los elementos que permitan a este organismo legislativo motivar el informe en torno al pedido de juicio político. Este aspecto lo evaluará próximamente la Comisión de Fiscalización, añadió.
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