Los pormenores del litigio de tierras en la comuna Engabao, en el cantón Playas de la provincia de Guayas llegaron hasta la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Miriam Lucas, alcaldesa de Playas explicó la situación, pues los comuneros aseguran que se cometieron irregularidades al otorgar permisos de construcción en tierras comunales y ancestrales.
A raíz de la socialización de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando se hizo en el cantón Playas, los habitantes de la comuna Engabao, denunciaron sobre las expropiaciones de terrenos, sin haber sido parte del proceso de participación ciudadana. “La comisión no toma parte, solo sirve de intermediaria. No damos por sentado que existan irregularidades, solo queremos conocer y precautelar el derecho de los pueblos y nacionalidades al acceso a la tierra”, dijo Johanna Cedeño, presidenta de la comisión.
Para Miriam Lucas, el tema es claro, pues según explicó, la comuna Engabao tiene vida jurídica desde 1995. Sin embargo, existe el derecho de terceros que tengan escrituras y existen documentos de propiedad desde 1943. Es decir, mucho tiempo antes de que exista la comuna. “Mi deber es respetar lo que dice la ley. No se dio permiso en un área comunal, fue en una zona con escrituras y no podemos violentar el derecho a la propiedad”, dijo.
La explicación también llegó de la parte legal. El Registrador de la Propiedad, Francis Tapia, también habló en la comisión y aseguró que el problema es de hace más de 30 años. Aseguró que la desmembración de la comuna no la hizo el municipio y con documentos notarizados demostró que existen amplias extensiones de tierra que las vendieron los mismos comuneros. “La comuna irrespetó los preceptos constitucionales”, enfatizó Tapia.
El otro lado de la moneda
Javier Valverde, abogado de la comuna, refutó lo dicho por Francis Tapia y explicó que la resolución en la que se le otorga la personería jurídica a Engabao se dio en 1980, lo que se hizo en 1995 fue una rectificación de su propiedad y su derecho a la propiedad es ancestral y se estableció que se deja a salvo el derecho a terceros con justo título para que hagan valer sus derechos por las vías legales. La comuna litiga hace más de 30 años con empresas y personas naturales. “Las motivaciones del fraccionamiento es un supuesto temor a demandas al cabildo por indemnizaciones por daños y perjuicios”, explicó.
Según la alcaldesa de Playas, éste no es un problema que debe resolver el municipio y propuso unirse con los comuneros para que sea un juez quien decida si las escrituras se deben dar de baja o no. “Nosotros ponemos la parte jurídica para que se determine al responsable”, finalizó.
Los asambleístas, miembros de la comisión, pidieron que haya un diálogo abierto para resolver el problema. Aseguraron que para ser un verdadero nexo es necesario poner sobre la mesa el conflicto real. Designarán una subcomisión para continuar el análisis de la problemática en territorio y se convocará a los representantes de la Subsecretaría de Tierras para que hagan una radiografía completa de la situación actual, pero antes se convocará a una nueva reunión en Quito, para establecer compromisos y conformar una mesa de diálogo.
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