Con el proyecto de Ley de Entidades Complementarias de Seguridad Ciudadana y Orden Público se busca establecer las atribuciones y competencias, estructura organizacional, carrera institucional, así como el ingreso, formación, capacitación, ascenso del personal y régimen disciplinario de las entidades que son parte del gobierno central y de los gobiernos autónomos descentralizados, explicó la asambleísta Verónica Rodríguez, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, que analiza la propuesta, previo a la elaboración del informe para segundo debate.
Las entidades complementarias de seguridad del proyecto se refiere a las de la Función Ejecutiva, como cuerpos de Vigilancia Aduanera, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de Vigilancia Penitenciaria, y de los gobiernos autónomos descentralizados como los cuerpos de Bomberos, Agentes Civiles de Tránsito y de Control Municipal o Metropolitano.
La parlamentaria sustentó que las facultades de rectoría, planificación, regulación, gestión y control en el ámbito nacional recaen en la Función Ejecutiva de la respectiva materia, mientras que las mismas atribuciones locales estarán a cargo de los gobiernos municipales. Estas entidades están estructuradas en un nivel directivo y en un técnico operativo.
Expresó que “la organización de estas entidades ha sido primordial para poder atender a la ciudadanía en la cotidianidad pero también en casos de catástrofes naturales como la ocurrida en Manabí y Esmeraldas”.
La legisladora manifestó que durante la elaboración del proyecto se procuró un enfoque netamente técnico, de tal forma que su aplicación no pueda ser politizada.
Explicó que los municipios en un momento asumieron sus competencias en materia de tránsito, invirtieron recursos públicos en equipamiento, capacitación y entrenamiento de nuevos agentes civiles y que luego, con una nueva administración, se echaron abajo las inversiones realizadas por aparentes filiaciones políticas.
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