Según el proyecto de ley presentado por el asambleísta Daniel Mendoza, las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que desarrollan actividades de diversa índole en edificaciones ubicadas en todo el territorio nacional, el 16 de abril de cada año ejecutarán un simulacro con el propósito de mitigar los riesgos a los que está expuesta la ciudadanía por eventos de origen natural o causados que pueden dar lugar a situaciones de emergencia o desastre.
El objetivo del proyecto de Ley de Prevención de Emergencias, Desastres, Simulacros y Empoderamiento Productivo de las Zonas Afectadas por el evento telúrico del 16 de abril de 2016, es concienciar a los ecuatorianos sobre los riesgos a que están expuestos en caso de emergencia o desastre para adoptar una reacción oportuna y eficaz frente a la posibilidad cierta de que se presente este tipo de eventos.
El proyecto, que contiene 10 artículos y una disposición final, también establece como sedes de empoderamiento productivo a las provincias de Manabí y Esmeraldas, en las que los 16 de abril de cada año, bajo la organización del Gobierno Central, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, se llevará a cabo una gran feria de promoción de actividades productivas, turísticas, fomento empresarial, laboral y crediticio.
Su propósito es brindar nuevas oportunidades de negocios, empleos y emprendimientos a la población situada en las zonas afectadas por el evento telúrico que tuvo lugar en la misma fecha. Aquí se realizarán también talleres y eventos de capacitación en diversas materias a cargo de entidades públicas y privadas con la finalidad de contribuir a la profesionalización, innovación, tecnificación y potenciación de las actividades propias de la zona y de su talento humano.
El asambleísta Daniel Mendoza, argumenta que gracias a los avances que en materia de prevención de riesgos que se han desarrollado en esta ultima década se ha disminuido el número de víctimas mortales; sin embargo, se debe continuar realizando nuevos esfuerzos para mitigar los riesgos a los que están expuestos los habitantes de nuestro país y, en especial, a las poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo.
En este sentido, dijo, resulta imprescindible contar con nuevas herramientas jurídico - sociales que permitan concienciar a la población sobre las situaciones de emergencia o desastre, para que puedan adoptar una reacción oportuna y eficaz frente a la posibilidad cierta de que se presente este tipo de eventos.
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