El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios Sectores Productivos, calificado de urgente en materia económica. En la propuesta se armonizan definiciones tributarias para el cálculo de la base imponible a los consumos especiales de productos importados; y, también está dirigido hacia el sector de la transportación terrestre público y comercial para fortalecer y formalizar los servicios prestados, brindando una mayor calidad y cobertura en los mismos.
El mandatario, en la exposición de motivos, precisa que el cuerpo legal pretende establecer varios incentivos tributarios dirigidos a distintos agentes económicos para un mejor desempeño en sus actividades.
El proyecto reforma la Ley de Régimen Tributario Interno y dispone que tendrán derecho a una deducción adicional de hasta el 100% de los gastos de seguros médicos y/o medicina prepagada a favor de los trabajadores de micro y pequeñas empresas. Para el caso de medianas y grandes empresas la deducción adicional será de hasta el 50%. El beneficio se aplicará siempre que la cobertura aplique a la totalidad de trabajadores y se contrate con empresas domiciliadas en el país, con las excepciones, límites y condiciones establecidas en el reglamento.
También prevé que las operadoras de transporte público y comercial legalmente constituidas no considerarán en el cálculo del anticipo, tanto en activos, costos, gastos y patrimonio, el valor de las unidades de transporte con las que cumplen su actividad económica.
También establece que el precio ex aduana es aquel que se obtiene de la suma de las tasas arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la autoridad aduanera al momento de desaduanizar los productos importados, al valor en aduana de los bienes.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández, aclaró que no se trata de impuestos, sino de incentivos en beneficio de sectores específicos como el de medicina prepagada, a fin de dinamizar su actividad y buscar que la cobertura, que en este momento está por el 8 y 10% de la población, pueda ampliarse.
El Consejo de Administración Legislativa determinará la comisión que deberá llevar adelante el estudio. Si resuelve que se encargue a Régimen Económico, conoceremos de inmediato el proyecto, afirmó. También fijarán un cronograma para socializar y recibir criterios de los sectores involucrados.
Se respetarán los plazos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dijo Hernández al señalar que máximo en 30 días la Asamblea debe pronunciarse sobre el proyecto.
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