El asambleísta Franco Romero, integrante de la Comisión de Régimen Económico, consideró que el proyecto urgente de Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios Sectores Productivos es una herramienta clave para consolidar el Acuerdo Comercial con la Unión Europea.
Enfatizó que la reforma determina el precio exaduana para la base imponible del impuesto a los consumos especiales (ICE), lo que allana el camino para la ratificación de dicho instrumento, a fin de que pueda entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2017, como lo sostienen las autoridades gubernamentales y representantes de los exportadores e importadores del país, al reconocer que esa es una justificación válida para que el documento tenga el carácter de urgente en materia económica.
Comentó que nuestro país ha perdido el 30% del mercado bananero en Europa y de igual manera se está perdiendo un gran porcentaje del mercado de las exportaciones de camarón, por tanto, es fundamental allanar el camino para avanzar en las negociaciones del Acuerdo con la Unión Europea. La reforma es una homologación que permite una facilidad de cálculo para la declaración en aduana, solicitada tanto por la Unión Europea como por el sector importador del país, agregó.
La Federación Ecuatoriana de Exportadores observó con optimismo esta aclaración, que no tiene otro objetivo que no sea el que ya no se incluyan los gastos financieros, administrativos y la utilidad en el cálculo del precio exaduana; nos piden homologarnos tanto con los países de Europa cuanto con los vecinos del sur y del norte, precisó.
El proyecto beneficia especialmente al sector transportador, que tiene todo el derecho, pues no tendrá que pagar el anticipo al impuesto a la renta, ni tampoco se tomará en cuenta el valor de sus unidades para el cálculo patrimonial de cada uno de ellos en el tema de pago de impuestos. Hubiese sido bueno que eso se generalice a todo el sector productivo, argumentó.
Objeción
El legislador Romero, representante de la provincia de El Oro, objetó la propuesta con respecto al tema de contratación de los seguros de medicina prepagada, tomando en cuenta la serie de problemas que tiene el usuario para obtener respuesta favorable ante un justo reclamo.
No es muy positiva la posibilidad que los empresarios puedan reducir el pago de sus impuestos si afilian a sus trabajadores y empleados a los servicios de medicina prepagada, más aún cuando seguirán pagando los correspondientes aportes al seguro social, lo que significaría un doble pago, expresó.
MG
